El celador del geriátrico de Olot Joan Vila ha sido condenado por la Audiencia de Girona a 127 años y medio de cárcel por los asesinatos de once ancianos en la residencia 'La Caritat' entre 2009 y 2010, en los que ha aplicado las agravantes de alevosía y ensañamiento.
Las penas impuestas tendrán un límite máximo de cumplimiento efectivo conjunto de cuarenta años y los beneficios que pueda obtener se calcularán sobre el total de años impuestos en la condena. El juez Ildefons Carol, en virtud del veredicto de culpabilidad del tribunal popular que juzgó a Joan Vila, declara al celador autor de once delitos de asesinato. Además, la sentencia le aplica la agravante de alevosía a todos los crímenes y el de ensañamiento a los tres últimos, en los que Vila empleó productos químicos cáusticos para acabar con la vida de los ancianos.
La mayor pena, de 20 años y 10 meses de cárcel, le ha sido impuesta a Vila por el asesinato de su última víctima, Francisca G., cuya muerte en circunstancias extrañas dio paso a una investigación policial y a la posterior confesión del celador. Los asesinatos de las otras dos víctimas por ingesta de productos cáusticos, los de Montserrat G. y Sabina M., le han supuesto al celador sendas penas de 13 años y cuatro meses.
Por los otros ocho asesinatos, en los que Vila empleó insulina o una mezcla de barbitúricos para acabar con la vida de los ancianos, el juez le impone penas de diez años de cárcel por cada delito. El celador deberá satisfacer también unas indemnizaciones por importe de 369.000 euros, de las que el juez ha declarado responsable civil subsidiario al geriátrico 'La Caritat' y, solidariamente, a la compañía de seguros Zúrich. El juicio a Joan Vila suscitó un gran interés, ya que su confesión de las once muertes le convertía en uno de los asesinos con mayor número de crímenes cometidos en la historia reciente de España.
La estrategia de la defensa fue la de convertir a Vila en una persona que desconocía la ilegalidad de sus actos, cometidos para aliviar el sufrimiento de personas en claro deterioro físico, por lo que reclamaba veinte años de libertad vigilada. Sin embargo, el jurado popular descartó cualquier alteración psíquica en el celador y emitió un veredicto de culpabilidad que ha conllevado esta condena de 127 años y medio de cárcel, con un cumplimiento máximo de 40 años.