La enmienda transaccional firmada por los grupos mencionados también llama a impulsar una "tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta", que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTCs) --estimados en más de 3.500 millones de euros--, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa.

Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad, gas y agua, exige a las compañías a publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

Para Rafa Mayoral, de Unidos Podemos, defender la iniciativa "es un honor y a la vez un dolor" y ha pedido "hablar de la pobreza sin apellidos", sino desde "la violación del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

"Ese es un enfoque que debe de defender cualquier demócrata", ha dicho. Según los datos expuestos en su intervención, entre 5 y 7 millones de personas no pueden acceder a los suministros básicos y entre 7.000 y 10.000 personas pierden la vida cada año por dolencias derivadas de la pobreza energética.

Mayoral ha denunciado el "fracaso del mal llamado bono social" y ha aludido a la "deuda con la sociedad civil" que tiene el Parlamento, pues han sido asociaciones y plataformas como la Alianza contra la Pobreza Energética, la PAH o Facua las que han denunciado estas cuestiones.

Además, el diputado de la coalición de izquierdas ha acusado a las empresas eléctricas de "violar sistemáticamente los derechos humanos en España realizando cortes a población vulnerable". A ellas ha dirigido un último mensaje: "Se acabó la ley del Oeste en nuestro país porque hay un Parlamento que no les va a dejar hacer lo que quieran con nuestra gente".

Por parte del PSOE, Pilar Lucio ha señalado que la pobreza energética "es fruto de un modelo energético débil e injusto, y unas políticas insensibles con la población vulnerable". Lucio ha vuelto a pedir "una tregua invernal para los meses de noviembre a marzo" y ha reclamado una reforma "urgente" del bono social y una solución para evitar que sean los consumidores los que asuman las compensaciones no dictadas por el fallo del Tribunal Supremo.