Todos los poderes públicos, al igual que los ciudadanos, están sujetos a la ley y la Constitución, incluido el legislativo. Así de tajante es el Tribunal Constitucional en la sentencia que justifica el bloqueo cautelar al trámite de enmiendas en el Senado que pretendía desbloquear la renovación del propio órgano de garantías y que fue recurrida por el Partido Popular.
El texto, al que ha tenido acceso laSexta, justifica el choque institucional sin precedentes, con el primer veto a un trámite legislativo, en que también las Cortes han de estar sujetas a la Constitución. "La centralidad de las Cortes generales no significa que sus poderes estén exentos de la subordinación a la Constitución. El TC es el garante último del equilibrio de poderes, incluyendo por lo tanto la posibilidad de limitar la capacidad de actuación del legislador cuando se exceda de los márgenes constitucionales", sostiene la sentencia, de la que ha sido ponente el conservador Enrique Arnaldo.
Sin embargo, los votos particulares de los magistrados progresistas sostienen que la decisión del Tribunal Constitucional supone "alterar los principios fundamentales de nuestra democracia parlamentaria". Sostienen que esto es una "interferencia sin precedentes en la función legislativa" que dividió en dos bloques al tribunal, trasladando a los ciudadanos una imagen de "seguidismo" del "conflicto político partidista".
Es la opinión que los magistrados Cándido Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez Valcárcel reflejan en el voto particular conjunto en el que discrepan "de raíz" con la resolución que paralizó de manera urgente y a petición del PP la tramitación parlamentaria de los cambios propuestos para modificar el sistema de elección de los jueces del tribunal. Una decisión que califican de "insólita" e "irreversible", dado que provocó que el Senado sacase de la tramitación parlamentaria las enmiendas objeto de debate.
"Nunca el tribunal ha controlado en un recurso de amparo el procedimiento de formación de la voluntad legislativa antes de que se hubiera configurado de manera definitiva", señalan los magistrados, que creen que se han desbordado "los límites de la justicia constitucional" y se ha convertido al tribunal "en árbitro de los procesos legislativos".
Con la adopción de la medida cautelarísima, dicen, "se han alterado los principios fundamentales de nuestra democracia parlamentaria" y se ha arrojado sobre el TC "una carga política difícilmente soportable". El voto subraya que es a las propias Cámaras a las que les corresponde velar durante el procedimiento legislativo para que sus actos sean conformes a la Constitución, "sin distorsionar el momento asignado por el ordenamiento constitucional a cada institución", incluido el TC, para ejercer sus competencias.
Discrepan abiertamente de que el presidente, Pedro González-Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, contra quienes Unidas Podemos presentó una recusación, no se abstuviesen del debate al quedar cuestionada su imparcialidad dado que la suspensión de las enmiendas "tiene incidencia directa" sobre su "mandato caducado". Junto a ellos también han emitido un voto discrepante el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, que se conocerá en los próximos días, y la magistrada María Luisa Balaguer, que afirma que la decisión de la mayoría afecta a la autonomía parlamentaria, garantía de la soberanía popular.
Recalca Balaguer que el control previo de constitucionalidad no solo no está previsto en el sistema constitucional, sino que está "expresamente excluido del mismo por el legislador". Denuncia en su voto que la mayoría ha colocado al TC no como "garante último" de la Constitución, sino como "garante superior", dado que ni la Constitución ni la ley orgánica del TC le atribuyen el papel de garante del procedimiento legislativo mientras este se desarrolla, es decir, "como árbitro de una confrontación política" en el marco de la soberanía nacional. Y reprocha a la mayoría que haya actuado como "legislador de facto".
Recuerda además que la decisión del TC se adoptó cuando el Congreso ya había aprobado las enmiendas y el texto se encontraba en el Senado, lo que significa que no se ha paralizado la tramitación de unas enmiendas, sino de una ley orgánica. Eso es impropio del sistema constitucional español, como demuestra el hecho de que nunca se hubiera adoptado una medida de ese tipo, que supone "alterar la voluntad manifestada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados".