El fin de la central nuclear de Garoña, la más antigua de España, supone también el final de un modelo económico para los pueblos de la zona. Con una pérdida de clientela de en torno al 30%, los comerciantes sólo tienen una salida: cerrar.
El fin de esta central ha supuesto el declive de toda una comarca. Su esperanza era que Garoña aguantara, pero Iberdrola y Endesa la han cerrado a la velocidad de la luz, en cuanto se ha aprobado el impuesto a las nucleares.
Fuentes de la empresa propietaria han insistido en que la planta no cierra por razones técnicas ni políticas, sino meramente económicas. Tendrían que pagar 150 millones de euros, según sus cálculos, más otros 100 para modernizar Garoña por las exigencias impuestas tras el desastre de Fukushima.
Este gasto hace entendible el cierre para los trabajadores. Una de ellas ha declarado que "lo entendemos, pero no estamos de acuerdo". El Gobierno, que había hecho de Garoña un estandarte de su política energética, le había puesto en bandeja la renovación hasta 2019, pero si el Gobierno retira su impuesto, las eléctricas considerarían el cierre.