Despojados del liderazgo de una izquierda Abertzale que cada vez se desmarca más del objetivo de la banda, ETA se centra en sus militantes presos. El EPPK se convierte en intermediario de la banda con el Gobierno.
La elección de cada uno de sus representantes marca la dura línea de las conversaciones. En 2004, ETA coloca a Mikel Albizu, más conocido como Mikel Anza, el número uno de la banda durante 12 años, al frente del colectivo de presos.
Había sido detenido en Francia, junto con su pareja, Marixol Iparragirre, alias Anboto, la responsable del aparato financiero del grupo y relacionada con, al menos, 14 asesinatos. La misma que el sábado leía en vasco el último comunicado del EPPK.
Junto con ellos, forman el núcleo duro del colectivo de presos: Ana Belén Egües, miembro del comando Madrid, Lorentxa Gimon, Xabier Alegria, y Jon Olarra, todos condenados por su estrecha vinculación a la banda armada y comprometidos firmemente con los objetivos de ETA.
Durante años defienden los derechos de todos los presos como un único bloque. El atentado en la T4 hace saltar la aparente unidad de los presos de ETA poco antes del anuncio de cese definitivo.
El Gobierno aprovecha, sin demasiado éxito, para intentar la reinserción con la vía Nanclares. Todos los presos que rechazan públicamente la violencia, son trasladados a cárceles vascas pero el final de la banda armada, y la insistencia del Colectivo de Presos de que una salida conjunta es posible, bloquea cualquier acercamiento con el Gobierno hasta ahora.
Tan sólo dos meses después de que la eliminación de la Doctrina Parot ponga en la calle a más de 60 etarras, el EPPK acepta en el comunicado emitido este sábado someterse a las leyes penitenciarias.
Los presos de ETA podrán acogerse individualmente a los beneficios penitenciarios. El colectivo lanza la pelota al tejado del Gobierno, abre la puerta para el diálogo y para que, los presos políticos de ETA, pueden volver definitivamente a casa.