Novedades en el caso que salpica de lleno a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Según ha podido saber laSexta, FCS Select, la empresa que pagó cerca de dos millones de euros en comisiones a González Amador por actuar como "intermediario" en la compraventa de productos sanitarios en los peores meses de la pandemia, fue investigada por Anticorrupción y la Fiscalía Europea a raíz de una denuncia impulsada por el Partido Popular.
En concreto, según han trasladado fuentes fiscales a esta cadena, en septiembre de 2022 la Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea los cinco contratos que FCS Select se adjudicó del Ministerio de Sanidad por valor de 268 millones de euros; contratos que multiplicaron por 263 los beneficios de dicha compañía durante la pandemia y que los populares pusieron en manos de la Justicia. Fue hace justo dos años cuando la propia Ayuso anunció el movimiento de su partido en los tribunales.
Tras destaparse el escándalo relacionado con el caso de las comisiones de su hermano, Tomás Díaz Ayuso, también por intermediar en varios contratos de venta de mascarillas, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que el PP de Madrid iba a llevar ante la Fiscalía Anticorrupción una docena de contratos con siete empresas ante la sospecha de que varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez hubieran cometido un delito. "Lo que vamos a empezar a hacer es investigar a todos", dijo la dirigente popular.
"Les anuncio que el PP va a llevar al fiscalía al menos a siete empresas relacionadas con el PSOE, el entorno del presidente del Gobierno, el señor Illa y la vicepresidenta del Gobierno para saber lo que ha pasado durante la pandemia", concretó Ayuso en la Asamblea de Madrid. Poco después, hizo lo mismo Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño que estampó su firma, cuestionando en aquel momento los motivos que llevaron al Ejecutivo a contratar con FCS Select.
"Ofrece servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, no parece que su actividad social tenga directa relación con el objeto del contrato para poder ser un suministrador preferente de mascarillas", expuso Serrano, quien posó aquel 10 de marzo de 2022 con el portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz, y el secretario general del GPP, Enrique Núñez, ante la Fiscalía Anticorrupción con la denuncia que presentaron instantes después.
En esta línea, cabe destacar que la administradora de esta empresa fue condenada por estafa, según Anticorrupción. Una situación sobre la que ya hablaron los populares madrileños a la hora de denunciar el contrato. "Fue codnenada en 2016 por un delito de estafa agravada. Son precedentes relevantes, ya que hay que recordar que el delito de estafa tiene como elemento principal la existencia de engaño".