MARIO JIMÉNEZ INSISTE EN QUE HACE FALTA "ACUERDO"
El PSOE cree que el PP "no está en condiciones" de reformar la acción popular al verse inmerso en numerosos casos de corrupción
Los socialistas responden así a las intenciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de limitar la capacidad de cualquier persona, sindicato o asociación de personarse en un caso aunque no sea un afectado.
Para el ministro de Justicia la acusación popular se usa en exceso, y por eso quiere ponerle barreras. El 27 de abril afirmaba que "la acusación popular debe ser radicalmente reducida". Y eso es lo que a Catalá le pidió, presuntamente, el empresario Enrique Cerezo.
Así se lo contaba a Ignacio González, refiriéndose por error a las acusaciones particulares: "Le dije no tenéis cojones a quitar y tal...lo van quitar". A lo que González respondía: "Ya".
Es por cosas como esta el PSOE no ve al PP legitimado para poder llevar a cabo esta reforma. El portavoz de la gestora, Mario Jiménez, afirma que "hace falta acuerdo y entendimiento entre las fuerzas políticas y no creo que el PP esté en condiciones de liderar una reforma de la Justicia".
Sin la acusación popular no hubieran prosperado piezas como la de los trajes de Camps, la acusación de la infanta en el caso Nóos, las tarjetas black, parte del caso Bankia o muchos otros...
Gonzalo Boye, del Observatorio Desc, de los abogados que impulsó esta acción en la causa de los papeles del extesorero del PP, y la defiende con fervor: "Con el PP y sin la acusación popular hay casos que no se habrían investigado".
Pero casos, como el de la imputación de Manos Limpias o Ausbanc han hecho que algunos juristas apoyen el discurso del gobierno. Domingo Bello, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña, afirma que "la acusación popular debería regularse para que no se instrumentalice".
Esto implicaría, por ejemplo, circunscribirla a determinados delitos
