El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirán la reforma de la ley educativa, conocida como 'Ley Celaá', ante el Tribunal Constitucional y las instituciones comunitarias que consagran la libertad educativa. "Esta ley durará lo que tardemos en llegar al Gobierno. Derogaremos esta ley porque es mala para el futuro de nuestros hijos, es mala para la unidad nacional y pésima para la comunidad educativa", ha señalado Casado.
Así lo ha manifestado el presidente del PP durante la manifestación en Madrid, convocada por la Plataforma Más Plurales a favor de la educación concertada y contra la 'Ley Celaá'. Asimismo, Casado ha garantizado que en las comunidades autónomas donde gobierna el PP van a "hacer todo lo posible para legislar y evitar los estragos" que plantea la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE).
El líder popular ha dado las gracias a los padres que se manifiestan "pacíficamente" y manteniendo las medidas de seguridad y le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "escuche a las familias", para las que ha pedido "libertad". En su opinión, la educación es "la palanca de desarrollo de una nación tan importante como España", por lo que se ha mostrado a favor de la libertad de elección de las familias, del español como lengua vehicular y ha defendido la educación concertada y la educación especial.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la LOMLOE, "nace muerta" y ha adelantado que el PP de la región presentará una "reforma educativa" en "sentido contrario", que contará con los profesores, con la comunidad educativa y con las familias. "Queremos mejorar la calidad de la enseñanza. No conozco a ningún padre que quiera que a sus hijos les regalen los aprobados porque sí; como no conozco a familias que por ser españolas sean expulsadas de su propia tierra, de su país, solo porque quieran seguir aprendiendo en español", ha lanzado Ayuso a los medios de comunicación durante el evento, al que ha acudido acompañada por el alcalde de la capital, Jose Luis Martínez-Almeida, y Casado.
Llevaremos a todos los tribunales esta defensa por el derecho a elegir la educación"
Asimismo, la líder autonómica ha advertido al Gobierno central de que llevarán "a todos los tribunales, a todas las instancias que sea necesario esta defensa constitucional por el derecho a elegir". En esta clave, ha cargado contra esta "cotrarreforma sin sentido" y ha reprochado que el PSOE "prometía" un pacto de Estado por la educación pero al final "solo atiende políticamente a sus socios de Bildu e independentistas".
Entiende Ayuso que España necesita "unidad y libertad" y que esta ley "va en sentido contrario", por lo que ha afirmado que desde el Ejecutivo regional seguirán garantizando "a todas las familias" la posibilidad de elegir el tipo de educación y el centro, "muy especialmente para aquellos padres que tienen hijos con algún tipo de discapacidad". "Lo que no se entiende es cómo por mezquindad o desconocimiento se pretende poco a poco ir diluyendo esos centros que tantas familias eligen para sus hijos en situaciones tan delicadas", ha censurado Ayuso, quien ha añadido que el PP en Madrid presentará una Ley en la Asamblea de Madrid para blindar la libertad de elección de las familias.
Ciudadanos y Vox se suman a las críticas contra la 'Ley Celaá'
A estas críticas se ha sumado Vox, cuyos miembros han participado también en la manifestación con vehículos contra la Ley de Educación (LOMLOE). El portavoz de la formación de extrema derecha en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado, a propósito de la 'Ley Celaá', que este Gobierno "ha ido cercenando las libertades de los ciudadanos en muchos aspectos". Y ha añadido: "En Vox hemos dicho que recurriremos esta ley ante el Tribunal Constitucional y que, cuando dependa de nosotros, la revertiremos".
El objetivo de Vox, según ha matizado Espinosa de los Monteros, es "poner en práctica una ley que de verdad sirva al conjunto de los españoles". Sobre esta cuestión, ha añadido: "La educación es el auténtico ascensor social, los países que más se han desarrollado en los últimos 50 años, da igual que uno mire a Asia o a Europa, son aquellos donde la educación ha sido un instrumento de crecimiento, un ingrediente para la mejor materia prima de una nación, que son sus nacionales".
"En España tenemos una auténtica materia prima, que son los españoles, que no se merecen este ataque al español, a la educación concertada, a la educación diferenciada y a la educación especial", ha lamentado el portavoz del grupo de extrema derecha, que ha aseverado que con esta ley los "niños con verdaderas necesidades no se pueden integrar en la educación ordinaria", y que, por tanto, "van a ver como vacían sus escuelas".
En este sentido también se ha expresado Ciudadanos. En concreto, Begoña Villacís, vicealcaldesa en el Ayuntamiento de Madrid, que ha señalado que "esto ya no es solo un debate de la educación pública; por supuesto, no está en confrontación con ningún otro tipo de educación", y ha precisado: "La pública se tiene que garantizar, perono es un debate sobre lo público, lo concertado o lo especial". "Esto es un debate sobre la libertad", ha continuado expresando Villacís, que ha criticado que "el Partido Socialista no puede permitirse suplantar a los padres". Esto es, que la formación que preside el Gobierno de España "no puede arrogarse el derecho de decidir" por los padres.
Horas antes, la presidenta del mismo partido, Inés Arrimadas, calificaba en laSexta Noche de "humillación" la supresión del castellano como lengua vehicular, según su lectura de la LOMLOE. Criticaba que ERC hubiera pedido esta medida a cambio de apoyar los presupuestos: "Esquerra ha pedido para estos presupuestos el tema de volvernos a humillar con el quitar castellano como lengua vehicular en la educación". "Volvemos a tener los catalanes constitucionalistas esa sensación de que nos han vendido por un puñado de votos", aseveró la máxima responsable de Ciudadanos en la entrevista.
El Gobierno defiende la nueva modificación
Antes de estas críticas, Celaá había defendido previamente la nueva ley educativa como símbolo de "equidad" sobre el "elitismo": "La ley cambia la filosofía hacia la equidad. Impulsa la excelencia para que todos desarrollen su talento al máximo, más allá de sus condicionamientos de origen. La escuela tiene que recuperar su función de ascensor social". Así se ha expresado la titular de la cartera de Educación en una entrevista concedida al diario El País, donde ha calificado de cuestión "nominalista" la polémica surgida sobre el uso del castellano en las aulas.
"Al final de la enseñanza obligatoria todos deben tener un pleno dominio del castellano y las lenguas cooficiales", ha apuntado la ministra en relación a la utilidad de la ley. También ha lanzado un mensaje a las concertadas, sobre la que ha sido clara: "La que cumple con sus fines sociales no tiene nada que temer. La desinformación que ha circulado sobre el cierre de los centros es una falsedad. Ningún profesor de la concertada perderá su puesto de trabajo por esta ley". En este sentido, ha añadido: "Todo interés político ha de quedar fuera de los centros, y aquí se implica a menores. Estamos abiertos al diálogo y a resolver las preocupaciones de la concertada".
En esta misma línea se ha expresado también la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha lamentado que "la derecha" haya entrado en "un combate político inventándose lo que no existe". En una entrevista en 'El Periódico de Catalunya', Calvo también ha hablado del apoyo de Esquerra a los presupuestos. Cree que esa es "la única salida" responsable que tiene ahora mismo Cataluña.
La oleada de apoyos no se ha quedado ahí. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de esta reforma educativa en una comparecencia que ha realizado al término de la cumbre del G20. Así, ha afirmado que la nueva ley de educación lo que hace es cumplir el artículo 3 de la Constitución y, allí donde hay lenguas cooficiales, "garantizar" que "los estudiantes puedan aprender esos dos idiomas". Además, ha asegurado que la LOMLOE, en la que el castellano ha dejado de figurar como "lengua vehicular", se "cumplen las recomendaciones del Consejo de Europa de 2006 y 2017" porque el Gobierno "considera que la pluralidad lingüística no es un pasivo, sino un enorme activo para el conjunto de la sociedad".