La Ley de Consumo Sostenible prohibirá aumentar el precio de entradas en la reventa más allá del IPC

El anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, que este martes va en primera vuelta al Consejo de Ministros, incluye la prohibición de aumentar el precio en la reventa de entradas a espectáculos culturales. La medida, según avanzan desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, limitará el aumento del precio a la variación del IPC.

Desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy recuerdan que actualmente ya está prohibida la utilización de 'bots' para comprar entradas y posteriormente revenderlas. Con esta nueva modificación, inciden, se busca impedir que en la reventa se pueda aumentar el precio de la entrada más allá de la variación del IPC desde el momento de la compra inicial.

De esta forma, y al igual que con la publicidad de pisos turísticos, la puesta a la venta de entradas en reventa con un precio superior al regulado convertiría esta actividad en ilícita, con lo que se podría instar al bloqueo de las páginas web donde se estuviese produciendo la infracción, con la consecuente sanción para el infractor.

Precios desorbitados y 'bots' compra-entradas

Actualmente ya está prohibido que las empresas utilicen sistemas de 'bots' para comprar entradas de forma masiva para después revenderlas. Esa prohibición está recogida en la Ley de Competencia Desleal, pero, según reconocen desde Consumo, no está funcionando debido a los grandes incentivos económicos que genera la reventa.

Por eso, ahora buscan atacar esos incentivos. De acuerdo con los datos citados por Consumo, el mercado de reventa de entradas en España tenía un valor de 322 millones de euros en 2024 y se prevé que alcance los 932,3 millones anuales en 2030. Con la limitación del precio de reventa por parte de empresas, dicen, una parte muy importante de este importe permanecerá disponible para gasto por parte de las familias, en lugar de estar destinado a una actividad improductiva y que no aporta valor añadido.

Gastos de gestión

No es el único aspecto relativo a la venta de entradas de conciertos y otros espectáculos que Consumo tiene en su punto de mira. El pasado mes de mayo, supimos que el Ministerio también obligará a las empresas a incluir los gastos de gestión en el precio final de las entradas. Pretende así poner fin a una práctica habitual que se encuentran los consumidores cuando se disponen a hacer una compra de este tipo online y acaban viendo que hay un gasto añadido sobre el precio final cuando está a punto de formalizarse el pago.

De esta forma, la ley reflejará que el precio final debe aparecer completo, "incluido los impuestos, desglosando en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales, incluidos los potenciales gastos de gestión, que se repercutan al consumidor o usuario".

El caso Bad Bunny

El asunto del precio desorbitado de las entradas y las posibles irregularidades en el proceso de venta volvía a estar en el foco dos semanas después a raíz del furor por los conciertos de Bad Bunny previstos para el año que viene en Madrid y Barcelona. Consumo informó entonces de que investigaría si se habían cometido irregularidades en el proceso de venta online, tras recibir denuncias de asociaciones de consumidores alertando del cobro de recargos ilícitos durante el proceso de compra por internet.

El propio Bustinduy señaló entonces, en una entrevista en Al Rojo Vivo, que Consumo iba a "poner orden" en este asunto y que no se pueda hacer negocio aprovechando una cierta "posición de indefensión" de los consumidores. "Esto se va a acabar", aseguró.