El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dictaminado que el Gobierno británico no puede activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de salida de la UE sin consultar al Parlamento.
Por ocho votos a tres, los magistrados han decretado que el Parlamento tiene que dar la autorización para que se pueda iniciar el proceso formal de Brexit, después de que los británicos votaran a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio.
El Gobierno de Theresa May había apelado al Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres respaldara el recurso formulado por la inversora Gina Miller y respaldado entre otros por el Gobierno escocés de que antes de iniciar el proceso de divorcio con la UE era necesaria la aprobación del Parlamento, puesto que la salida supondría privar a los ciudadanos de derechos que les fueron concedidos por los parlamentarios.