María tuvo que esperar tres años para cobrar las facturas que le debía la Administración. A cambio, renunció a los intereses de demora, "alrededor de unos 4.500 o 5.000 euros".
Como ella hay 230.000 empresarios. Para la UE, el mecanismo de pago a Proveedores que creó el Estado incumple la ley de lucha contra la morosidad. Considera abusiva cualquier práctica que excluya pagar los intereses de demora.
Ahora, una sentencia del Tribunal Europeo podría reconocer su derecho a cobrar los intereses atrasados.
Si es favorable, el Gobierno tendrá que pagar casi 3.000 millones de euros. Una factura que complicaría aún más el objetivo de déficit público.
Las empresas sólo cobrarían si reclaman antes de que preescriban los intereses. La primera fase del Mecanismo de Pago preescribe entre mayo y junio. Ahora todo depende del Tribunal Europeo de Justicia.