El nuevo proyecto de ley de Justicia gratuita no es defendido ni siquiera por los abogados: "Tiene el claro objetivo de restringir el acceso a la justicia de los ciudadanos" cuenta Isidro Moreno, Coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Gratuita de Madrid.
Para acceder a la justicia gratuita no se podrá ganar más de 1065 euros brutos al mes por unidad familiar. El abogado Eugenio Ribón explica que "se echa a las familias y se incluyen a grupos".
El Consejo General de la Abogacía cree que es injusto que colectivos como las víctimas del terrorismo o de la violencia de género tengan asegurada la justicia gratuita sin importar el nivel de renta del afectado: "Una persona puede tener una capacidad económica muy alta, pero simplemente por el tipo de delito va a gozar de Justicia gratuita" desvela Francisco Javier Lara, Presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo de Abogacía.
Sin embargo se quedan fuera personas como Isabel, una peluquera que ha tenido que pagar de su bolsillo más de 6.000 euros de tasas por denunciar a su comunidad: "No puedo ir ni al Tribunal Constitucional ni al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque no puedo afrontar los gastos de un letrado ni las tasas tan grandes"
Los abogados también critican lo difícil que será recurrir y acceder a la justicia por el aumento de la burocracia y el papeleo: "El usuario tendrá que recorrer entre 10 y 12 administraciones para conseguir los permisos necesarios o pena de ser expulsado del sistema de Justicia gratuita y además pagando por cada uno de estos documentos". Además, se podrá investigar por posible fraude a aquellos ciudadanos que pidan Justicia gratuita 3 veces en el mismo mes.
