El 71,9% de la población española considera que la energía nuclear entraña un riesgo elevado. Es un dato extraído de la última encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología realizado por la FECYT. Aunque los riesgos fuesen despreciables, el 33,2% de los encuestados consideran que la energía nuclear no aporta ningún beneficio. Esto implica que la mayor parte de la población española teme y rechaza la energía nuclear. Por eso no resulta sorprendente que para ganarse la simpatía de la población es más provechoso oponerse a la energía nuclear. De ahí la afirmación de "oponerse a la energía nuclear es populista".

Los movimientos sociales contrarios a la energía nuclear comenzaron a gestarse a finales de los años sesenta, más por miedo ante la proliferación de armamento nuclear que por la energía en sí. La proliferación de armamento nuclear se sigue considerando en la actualidad el problema más serio al que se enfrenta la humanidad para el 8,2% de la población.

A principios de los años setenta se fundó una de las organizaciones ecologistas más famosas y controvertidas de la historia, Greenpeace, que comenzó su andadura intentando interrumpir pruebas nucleares en Estados Unidos. Esto provocó que tradicionalmente quedase asociado el ecologismo con el movimiento antinuclear. Algunos partidos políticos incluyeron la causa ecologista en sus agendas, en los setenta se crearon los primeros partidos políticos ecologistas y en la década de los ochenta comenzaron a tener representación parlamentaria.

En temas medioambientales hay un importante desajuste con respecto a quién se le otorga credibilidad. Los datos ofrecidos por las instituciones académicas (centros de investigación y universidades) y por el IPCC (el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), que son los representantes del consenso científico, son quienes gozan de mayor credibilidad por parte de la ciudadanía. Son datos ofrecidos por el CSIC a partir del estudio en el que se analizaron las fuentes de información científica sobre el cambio climático. Sin embargo, organizaciones ecologistas como Greenpeace, que a menudo se desvían del consenso científico, gozan de la misma credibilidad que las instituciones y las autoridades científicas. Por debajo están los gobiernos, y en último lugar está la credibilidad de las empresas.

La atención mediática que los grupos ecologistas han recibido a partir de los años setenta propició que la ciencia y la tecnología comenzaran a perder predicamento social, percibiéndose el progreso científico y tecnológico más como una amenaza que como una fuente de bienestar. A este fenómeno se le conoce como efecto Frankenstein.

En los años sesenta y setenta se empezaron a conocer los efectos medioambientales del desarrollo industrial. Se descubrió la lluvia ácida y sus consecuencias, se descubrió el agujero de la capa de ozono, y en los años ochenta se llegó al consenso sobre el origen y las consecuencias del calentamiento global. La reducción de la emisión de gases de efecto invernadero se convirtió en la principal estrategia para frenar el cambio climático. La comunidad científica apostó en bloque por sustituir cuanto antes los combustibles fósiles por energías limpias como las renovables o la nuclear. No obstante, después de tantos años asociando el movimiento antinuclear al ecologismo, fuera del ámbito científico resultaba insólito asociar la energía nuclear a la causa ambientalista. La energía nuclear nunca llegó a gozar de popularidad. El terrible accidente de la central nuclear de Chernóbil en 1986 terminó de perfilar el temor a la energía nuclear.

Aunque el accidente de Chernóbil no podría suceder en las centrales nucleares modernas, es natural que el temor haya permanecido hasta nuestros días, sobre todo para personas que desconocen el sector.

La oposición a la energía nuclear no es solo una cuestión científica, sino que tiene muchas otras aristas, económicas, sociales, psicológicas, políticas. Sin ir más lejos, tras la crisis del petróleo de los años setenta, en 1978 España tenía un ambicioso plan de construcción de hasta 12 reactores nucleares que finalizaría en 1990. En 1980 se creó el Consejo de Seguridad Nuclear, un organismo independiente encargado de velar por el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares y radiactivas. Sin embargo, en 1982 el gobierno de la época declaró la “moratoria nuclear”, un Plan Energético Nacional que paralizó la construcción de cinco de las siete centrales nucleares que ya estaban autorizadas. La organización terrorista ETA había perpetrado varios atentados en la central nuclear Lemóniz I en Vizcaya, asesinando a dos operarios, al director de la sociedad, a un obrero y al ingeniero jefe de la central. El gobierno claudicó ante las amenazas de ETA y paralizó la construcción de las centrales nucleares con proyectos casi finalizados. La moratoria nuclear supuso un freno a la dinámica del desarrollo de la energía nuclear en el país, con una sustancial repercusión económica para la población, ya que hubo que compensar a las empresas afectadas.

Con el apogeo de las energías renovables, si además hoy contásemos en España con aquellas centrales nucleares, tendríamos menos dependencia de los combustibles fósiles y nuestras emisiones de gases invernadero serían más bajas. Presumiblemente el precio de la energía sería menor, ya que la energía nuclear es la más barata por MWh. Y quizá más importante, gozaríamos de mayor soberanía energética, reduciendo la necesidad de mercadear con países con los que no compartimos ni código moral.

En la actualidad el consenso científico sigue siendo esencialmente el mismo: apostar por energías limpias y seguras como las renovables y la nuclear para paliar los efectos del cambio climático. Así lo ha ratificado el Centro Común de Investigación Europeo, concluyendo que “no hay evidencia basada en la ciencia de que la energía nuclear cause más daño al ser humano o al medioambiente que otras tecnologías de producción eléctricas ya incluidas en la taxonomía europea como actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático”. Llegado a ese consenso, la energía nuclear se ha incluido en la taxonomía de actividades sostenibles, vulgarmente denominadas “tecnologías verdes”. En la misma línea, en un reciente informe de la ONU se concluye que la energía nuclear es una tecnología segura para la salud humana y medioambiental, con una de las menores emisiones de dióxido de carbono en todo su ciclo de vida.

Desde un punto de vista estrictamente científico habría que apostar por incluir la energía nuclear dentro del plan energético. Razones científicas sobran, lo que hace falta es valor. Valor para posicionarse a favor de una energía que ha sido tan impopular durante tantos años.