• Hola hermano, ¿qué tal?
  • Bien. Bueno, regular. De hecho jodido… el fiscal me acusa, la acusación particular le apoya y el instructor dicen que dice que no lo tiene claro, que ya me absolverán en el juicio.
  • Jo, vaya putada, tío.
  • Ya te digo.
  • ¿Y si no te absuelven.?
  • No pueden no hacerlo. ¿Sabes porqué? Porque yo no lo hice…

La lógica aplastante de ese hipotético imputado contrasta con la realidad.

El papel con el que se fabrican las resoluciones judiciales, lo soporta todo. Es un papel que se retuerce tanto como sea necesario para que los hechos y conductas a veces parezcan lo que conviene que parezcan, con independencia de si esa ficción beneficia o perjudico al afectado.

Como el papel lo aguanta todo y con la prerrogativa de la impunidad con la que se manejan jueces y fiscales en este país, la mano que mece la tinta de culpables, inocentes o de los que no son ni una cosa ni otra, les pertenece.

Jueces de todos los colores

Así, para suerte o perjuicio del imputado, encontramos dos grandes subtipos de jueces. Unos, los que entienden una sentencia absolutoria como un fracaso. Y otros, que dios les ponga en nuestro camino si se nos acusa de algo que no hemos hecho.

Estos últimos son los que verdaderamente dan sentido de servicio público a la sacrosanta institución judicial, una mujer con los ojos vendados para que sea aparente y efectiva su objetividad a la hora de dilucidar.

Supongo que es lo más bonito que se le puede decir a un juez: "Estoy imputado, no lo he hecho y por ello me gustaría que, llegado a este punto, me juzgara usted".

Como muestra, dos botones

Una magistrada de la audiencia de Barcelona, buena amiga, una mujer sesuda, talentosa, honrada y trabajadora (como, a dios gracias, la mayoría), demasiado escéptica, quizá, pero no por ello poco aguda y fiable en sus veredictos, me dijo: "Carlos si un día nos detienen por algo y no lo hemos hecho, ojalá nos toque en el juzgado de guardia alguien como Pijuan o como Anglada".

Si, se refreía a los jueces catalanes, Josep María Pijuan y Enric Anglada, ahora destinados, en el cenit de su carrera, como altos representantes de la judicatura andorrana.

Uno, Pijuan es el presidente del Tribunal de Corts, y Anglada es el magistrado de ese tribunal que presidirá la vista por el llamado caso BPA.

Dice mi amiga que ambos no se casan con nadie. Nadie quiere decir nadie, ni con los excesos de frenada de la prensa, ni con los abogados de postín ni con los acusadores públicos o privados a los que consideran solo una parte (fundamental, pero solo una parte) del proceso.

BPA en el punto de mira

Un país entero, (especialmente 20 de sus ciudadanos, los imputados en el caso BPA) y el estatus quo financiero internacional están pendientes de estos dos veteranos jueces catalanes. Ellos, por su parte, observan todo el circo montado por acusadores y defensores, detractores y avaladores de la antigua cúpula de la banca privada de Andorra, con una sonrisa, con la dosis justa y necesaria de distancia y con la templanza que da la veteranía y una trayectoria impoluta. (Pijuan llevó a juico el caso Palau. Anglada hizo lo propio con el caso ITV-Oriol Pujol). Y no dejaron de sonreír, mientras lo hicieron y cuando el griterío pretendía dejarles sin voz.

De qué va la cosa…

"El caso BPA no es el caso sobre la controvertida nacionalización de ese banco" (entidad fundamental en la estructura financiera del principado), me ha dicho una fuente cercana al Tribunal de Corts. "Ni se van a juzgar ni el pedigrí social de los imputados, ni las filias o fobias que genera la familia para la que trabajaron. Si la conducta de los imputados está en el código penal (blanqueo de dinero procedente de delitos), -añade esa fuente- habrá una pronunciamiento en consecuencia. Si no habrá el pronunciamiento en sentido contrario. Y todo con absoluta normalidad y tranquilidad".

Cuestión de derechos y garantías

Quizá en España deberíamos tomar nota. Y reservar a ese subtipo de jueces, (contra los que resbalan las presiones) para aquellos casos en los que parece que la sentencia se fabrica fuera del tribunal. Si yo fuera uno de esos imputados en el caso BPA, y no he hecho lo que el acusador dice que he hecho, me pido a uno de esos dos magistrados. Mis derechos como ciudadano estarán a salvo. Quizá, la agente de la guardia urbana, Rosa Peral, condenada por el crimen de Foix (condenada mucho antes por la canallesca), hubiera recibido una sentencia en sentido contrario (o no) si en vez de jueces al uso, hubiera sido juzgada por togas tan reputadas y profilácticas como las de estos dos magistrados catalanes. Ambos, desde Andorra, y desde la atalaya de la experiencia, miran a España sin rencor aunque con estupefacción… pero con una sonrisa.