La persecución de la derecha española a la prensa libre se hace también por mediación interpuesta. Delegan en agentes externos e internacionales aquello que es demasiado escandaloso para hacerlo desde sus sedes en Génova o Bambú. La última campaña de acoso y hostigamiento a periodistas tiene como protagonista a Israel en su acción de guerra híbrida contra el derecho de información y que opera con mayor virulencia que lo que ha hecho Rusia en cualquier momento del conflicto. Para Israel es imprescindible que su relato en los países occidentales sea hegemónico porque sin los apoyos de la opinión pública de esos países no podrían llevar a cabo el genocidio en Gaza o las acciones de castigo contra el sur de Líbano.

El lobby más integrista de Israel en España recibe el nombre de ACOM, una organización de extrema derecha que se dedica a perseguir todo aquel mensaje que contravenga el relato del gobierno de Benjamin Netanyahu. Esta semana han anunciado una campaña masiva de persecución judicial contra periodistas, activistas y políticos para criminalizar la participación en el debate público en España de quienes denuncien el genocidio en Gaza y la vulneración de los derechos humanos en Cisjordania o Líbano por parte del ejército.

En un comunicado han anunciado que presentan denuncias a las periodistas Silvia Intxaurrondo, Raquel Ejerique y a un servidor, a Inés Hernand y Nadwa Abu-Gazaleh, y a los políticos de Más Madrid Eduardo Rubiño y Pablo Padilla. La estrategia pasa por presentar como antisemita cualquier mensaje que denuncie las actuaciones criminales de Israel y que impida hablar en el espacio público de cualquier operador político y económico que sirva a los intereses propagandísticos. El objetivo es silenciar a cualquier periodista que sea crítico con Israel acosándole con costosas defensas judiciales a pesar de que son conscientes de que no existe ninguna vulneración de derechos fundamentales. La estrategia de acoso tiene el nombre de SLAPP en su siglas en inglés y significa "pleito estratégico contra la participación pública" y el Consejo Europeo adoptó un acuerdo legislativo para acabar con esta práctica que es un amenaza para la libertad de prensa y la participación pública en las democracias.

Sirva como ejemplo para que cualquiera pueda comprobar el acto intimidatorio los dos artículos por los que ACOM y David Hatchwell se han querellado contra mi persona alegando antisemitismo. Uno de ellos es el llamado 'Proyecto 'Honda de Salomón': la campaña de Israel para reclutar propagandistas sionistas' en el que se detalla con documentación y fuentes abiertas la estructura de Israel para reclutar en los países europeos a propagandistas para iniciar campañas de desinformación a favor de Israel. El segundo es 'Los criados de David Hatchwell en España, el empresario sionista donante de Netanyahu' en el que se detalla los estrechos vínculos del empresario con la cúpula política del PP y VOX y su cercanía con el Likud, partido del que es donante privado para impulsar a Netanyahu. El lobby sionista se querella contra cualquiera que informe de las actuaciones de Israel y sus defensores para silenciar la crítica demostrando lo preciso de esas informaciones. Alegan antisemitismo para que no se pueda hablar de manera crítica con nada que tenga relación con Israel.

Soy consciente de cómo funciona la comunicación y si no pongo en primer lugar el caso del ataque a la libertad de prensa y nombres de comunicadores y políticos famosos este artículo no merecería mucha atención. Pero lo más grave es lo que están pasando cuatro personas anónimas. Lo peor de todo esto no es lo que sufrimos los periodistas a pesar de que no hay que desdeñar su gravedad. Lo peor de todo es lo que sufren aquellos que se atrevieron a poner el cuerpo y que no tienen la capacidad para elevar la voz. Así que al menos hay que levantarla por ellos.

El impacto planetario que tuvieron las protestas contra la participación de un equipo propagandístico de Israel comenzó con cuatro valientes que pararon la carrera. Ahora pueden entrar en la cárcel. El ministerio fiscal pide para ellos penas que pueden llevarles a prisión al pasar en algunos casos los dos años de cárcel. El ministerio público pide para ellos por un delito de alteración del espectáculo deportivo penas de 21 meses, a dos de ellos le suma además un delito de resistencia a la autoridad y otros cuatro meses de prisión, por lo que en caso de ser condenados acabarían en prisión.

Dos activistas que despertaron a toda España y concienciaron al mundo pueden acabar en la cárcel por defender un mundo más justo y condenar el genocidio en Gaza. Si les dejamos entrar en prisión sin hacer nada no merecemos ni el aire que respiramos y demostraremos ser cómplices por mucho que nos demos golpes en el pecho de los crímenes de guerra de Israel al no ser capaces de defender ni quienes luchan por los derechos de toda la humanidad en nuestra propia casa.

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