Hay un agujero negro en la Guardia Civil. La benemérita es lo que son sus máximos mandatarios, que son los que tienen la capacidad y la potestad para dirigir la acción de sus subordinados al ser un cuerpo militarizado. Sus cargos políticos, pero también sus cargos militares y operativos.
Intenten mirar el problema del que les voy a hablar sin ojos de partido. Sin pensar en PP y PSOE, ni en quien gobierna, ni en quien les cae mal, sin buscar quién de los nombres que van a salir nombró tal o cual partido ni a qué bando sirve. Porque lo que ocurre en el seno de la Guardia Civil es una guerra de bandos en el que lo último que importa es el bien común ni promover una sociedad sana, libre y basada en la legalidad que proteja los intereses de todos los ciudadanos sin mirar a qué trinchera sirve. Les voy a narrar unos hechos y valoren si les parece normal.
Estos días vamos a asistir a un momento de desconcierto y les invito a que tomen distancia con perspectiva al respecto de unas testificales que aparecen en el sumario del caso Leire Díez que se está interpretando de una manera torticera para ignorar lo grave que se desprende y centrarse únicamente en afectar la legislatura. Algunos titulares han interpretado de una testifical de un Guardia Civil que Interior habría ordenado parar las investigaciones que afectan al gobierno. No es eso lo que dice el sumario por mucho que lo que diga el sumario es extremadamente grave.
En las testificales no se dice en ningún momento que les ordenaran que no investigaran ni mucho menos que lo hiciera Interior. El ex director general de la Guardia Civil, Leopoldo Marcos, se centra en las conclusiones que hacían en los informes en la causa relativa al hermano de Pedro Sánchez.
Lo que dice exactamente y se recoge en las testificales es que el alto cargo les dice que no fueran proactivos y se pusieran de perfil dejando que fuera la autoridad judicial la que tomara la iniciativa debido a que la credibilidad de la UCO estaba por los suelos porque los oficios en el caso del hermano del presidente eran "prospectivos y malintencionados". No se queden con una parte y piensen en todo lo que significa esto.
Tenemos al máximo mandatario de la Guardia Civil que dice que el informe de la UCO, de sus hombres, es prospectivo y malintencionado en una causa que afecta al hermano del presidente del gobierno. Esto, si fuera verdad, sería extremadamente grave. La testifical dice que hagan lo que tengan que hacer y se queden sin vacaciones si hace falta analizando los correos incluidos en la causa pero que no hay nada en esa causa y tienen que decir que no hay nada. El problema aquí no es que dé esa orden, el problema es que diera esa orden si en las pruebas se desprende que sí hay algo y les dice que tienen que decir que no hay nada. Lo que importa es quién tiene razón, si la UCO o su alto mando.
Lo que importa es si el informe es prospectivo y malintencionado convirtiendo a la UCO en un agente político que no busca la verdad sino reprimir con mentiras o por el contrario su trabajo es impecable y el exDAO ha dado una orden política para falsear un informe y salvar a alguien culpable. Lo que importa es quién está haciendo bien su trabajo, no lo que han dicho. Lo que es seguro es que alguien en la Guardia Civil huele a podrido aunque todavía no sabemos quién es.
Mercedes González, directora de la Guardia Civil, se habría reunido hasta tres veces con Leire Díaz para promover expedientes internos a miembros de la Guardia Civil, que según la fontanera estarían actuando contra el gobierno, el PSOE y esa supuesta asociación de víctimas de la corrupción que incluye al empresario Pérez Dolset.
La propia Leire dice en las reuniones que tiene con otros miembros de la trama que la directora de la Guardia Civil está asustada por la mierda que hay en la benemérita y que no tiene ni idea de cómo afrontarlo. Así que se une a Leire Díez para ver si así es capaz de afrontar el problema que cree que tiene delante de corrupción policial el seno del cuerpo. El ministerio del Interior siempre negó que esas reuniones se produjera, pero ahora lo que dicen es que sí se han producido. El cambio de versión es que esas reuniones sí existieron pero no lo hicieron en las instalaciones de la Guardia Civil.
En episodios pasados de la trama, de amigos y enemigos, dentro del cuerpo aparece Juan Vicente Bonilla, que cuando ocupaba el puesto de jefe de fuentes de la UCO, usó información lograda por su puesto y responsabilidad para que un confidente colocara a su expareja en una empresa que estaba siendo investigada y llamada MP trading y que conocía que realizaba actividades ilícitas sin que le importara demasiado. Un miembro de la Guardia Civil que que en conversaciones filtradas hablaba de la necesidad de acabar con el gobierno rojomorado.
El miembro de la benemérita sirvió de intermediario entre varios implicados en la trama de hidrocarburos y les facilitaba información de las bases de datos confidenciales sobre domicilios y antecedentes. Este personaje acabó fichado por la Comunidad de Madrid. Sin establecer correlación, porque seguro que es todo casualidad, Alfonso Serrano, número dos de Ayuso, fue el que presentó la denuncia contra Soluciones de Gestión, que estaba siendo investigado por la UCO, coincidiendo con el hecho de que Bonilla tuviera un amigo en la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid donde terminó con un sueldo de más de 80.000 euros anuales. Algo huele a podrido en la benemérita.
