Primer contacto de los estibadores con el Gobierno. Y primer desacuerdo: la huelga sigue en pie. "El decreto plantea un ERE encubierto subvencionado con fondos públicos", afirma Antolín Goya, coordinador general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
La patronal no aclara sus pretensiones, y se ha limitado a exigirles el fin de lo que consideran paros encubiertos. "Pedimos que acaben con los bajos rendimientos que están perjudicando mucho", reclama el portavoz de ANESCO Juan Aguirre.
Y el Gobierno recuerda que liberalizar la estiba es una obligación derivada de una sentencia europea de 2014, y que el retraso en aplicarla ya ha tenido consecuencias para las arcas públicas.
Fomento cifra en más de 21 millones lo que España debe pagar ya. Son 27.000 euros por cada día de retraso. Y avisa: o se aprueba el decreto antes de abril o habrá que empezar a pagar 134.000 euros al día, y con carácter retroactivo.
Los estibadores están de acuerdo: hay que cumplir la sentencia, pero creen que se puede hacer de forma menos perjudicial para ellos. Que lo que pretenden Gobierno y patronal es llevar la precariedad a su sector. "Lo que plantean es hacer contratos por hora de empleo basura", asegura Goya.
No están dispuestos a permitirlo. Dicen que quieren negociar, pero que si no se les escucha paralizarán los puertos españoles. El próximo martes tendrá lugar una nueva reunión.