Los dos grandes partidos se han aferrado siempre a dos ejemplos concretos en los que la Justicia ha acabado estando de su parte. En el PP, José Manuel Soria y en el PSOE, José Blanco. El exnúmero dos socialista y el ministro de Industia encarnan la defensa tradicional de los grandes partidos sobre qué hacer con los imputados pero ya no parece ser suficiente. Los niveles de exigencia se han disparado. laSexta columna lleva semanas preguntando, si le imputan, ¿dimite? Nadie se atreve a pronunciar un no.

Analizamos la respuesta oficial de cada partido y lo confrontamos con el mundo real. La postura oficial del Partido Popular la encontramos en sus estatutos. Un enorme ‘depende’ hecho frase: “El Comité de Derechos y Garantías competente podrá determinar la suspensión de funciones o de militancia, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto”.

Rato y los otros 12 militantes populares que usaron las tarjetas black de Caja Madrid ya no están en el partido mientras que a Fabra nadie le tosió hasta que fue condenado y quien dejó el partido fue él de forma voluntaria. ¿Puede un procesado ir en las listas del Partido Popular para las próximas elecciones? La última vez que pudimos preguntar a un portavoz del PP sobre el tema fue a su portavoz de campaña. Trazó la línea roja en la "apertura de juicio oral".

León de la Riva es el candidato del PP a la alcaldía de Valladolid y su situación judicial traspasa ese límite. Su juicio oral está abierto. De la Riva está procesado y se tiene que sentar en el banquillo de los acusados.

En el PSOE la postura sobre la figura del imputado tampoco está mucho más clara. El mejor ejemplo, Chaves y Griñán. El punto número 12 del código ético del PSOE obliga al militante socialista a "presentar la dimisión inmediata si, ejerciendo cargo público u orgánico, se me abre juicio oral por un procedimiento penal por delito grave".

La línea roja oficial del PSOE está, por tanto, en el juicio oral. Lo dice su código ético, lo dice su secretario general, y su secretario de organización. Todo parece estar claro hasta que la presidenta andaluza se desmarca. Para ella, la apertura de juicio oral ya es tarde. A ella le vale con la imputación.

Posicionada Díaz, el jefe intenta adaptarse. Acaba resituando la línea roja en la imputación pero pocas semanas después, sucede. El Supremo cita como imputados a los expresidentes Chaves y Griñán por el escándalo de los ERE. Díaz introduce entonces un matiz en el que nadie había reparado.

Los echará si son imputados, sí. Pero imputados por un delito concreto. La línea roja vuelve a retrasarse. Tanto matiz acaba desorientando hasta al portavoz socialista en el Congreso, que vuelve a hablar de juicio oral. Cuando acaba su comparecencia, se le ve pegado al teléfono por los pasillos del Congreso. Tres cuartos de hora más tarde vuelve a convocar a la prensa, para rectificar. Tuvo que ser el Secretario General quien dibujara la postura oficial de los socialistas con los imputados. “Si son imputados pero con un delito”.

En Izquierda Unida también tienen un Código Ético. "Solicitar la dimisión tras su imputación por delitos vinculados por la corrupción". Aquí es donde está el dilema. Porque, ¿qué son, para IU, “delitos vinculados con la corrupción?” La prevaricación no lo es.

En el código ético de Podemos leemos: "El compromiso de renuncia al cargo público, interno del partido o a cualquier candidatura a los mismos en caso de ser imputado". Versión oral concentrada: "Imputados no". Y sin embargo, cuando preguntamos a su candidato en la Comunidad de Madrid no lo tiene tan claro…