Esta es la catedral de Benidorm del s. XXI. Ni se reza dentro de ella, ni hay eventos religiosos, ni suena música sacra. Eso sí, está inacabada, mide 200 metros, es el edificio más alto de Europa y tiene una deuda con el banco malo de 93 millones de euros.

Y ahora busca comprador. Aunque no es un edificio público, pero sí sustentado con un préstamo público, este rascacielos de Benidorm es uno de los paradigmas de la fiebre que impera en España: un país que se vende.

El Gobierno puso el año pasado a la venta 15.135 inmuebles públicos que quiere liquidar para seguir cumpliendo con la máxima económica. Y en esa lucha todo vale. Subasta viviendas, oficinas, locales, fincas rústicas o edificios, todos ellos con una particularidad: forman parte del patrimonio público español.

En esta ambiciosa lucha, el Gobierno puso el cartel de 'se vende' a emblemáticos inmuebles y espacios públicos. Hasta 2015, espera liquidar el 25% del Patrimonio estatal. Y aunque la recaudación variará según el ritmo de venta, hay joyas históricas en este lote.

Uno de ellos es el antiguo edificio de RTVE y varios solares del ente público. El objetivo es sacar por todo ello unos 200 millones de euros. Otro edificio ya vendido es la antigua sede de la CNMV, un edificio de 5.800 metros cuadrados en pleno paseo de la Castallana.

Pero sin duda, la venta que más críticas ha suscitado es la de la Finca 'La Almoraima', un espacio de 15.000 metros cuadrados ubicado en pleno Parque Natural de los ALcornocales. Su precio de salida, 300 millones de euros; una operación que no gusta a casi nadie y que incluso ha sido publicitada por la televisión francesa.

Hasta la fecha, este plan de Cristóbal Montoro ha dado algunos frutos. Desde 2012, ha liquidado 200 edificios públicos en Madrid por 2.000 millones de euros.

Pero esta fiebre por recaudar con el patrimonio no sólo es española. Grecia ha vendido islas, y Alemania sugirió al país que hicera lo mismo con el Partenón y la Acrópolis. Italia quiere recaudar 10.000 millones de euros con la venta de edificios y empresas públicas para reducir cuadrar sus maltrechas cuentas públicas.