El proyecto de Ley de Vivienda que han acordado PSOE y Podemos, que tiene como uno de los objetivos principales rebajar el precio de algunos alquileres, podrá ser o no aplicado por las comunidades autónomas -sobre las que recaen las competencias sobre vivienda-. Por ello Partido Popular y Ciudadanos ya han anunciado que no la aplicarán en aquellos territorios en los que gobiernan, uno de ellos, Madrid.

Allí, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida (PP), ha dejado claro que no harán "nada" para regular el precio de los alquileres; y también la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), quien a modo de 'spoiler', anunciaba: "Madrid no aplicará la Ley intervencionista del Gobierno. La seguridad jurídica que ofrecemos hará que sigamos siendo el refugio de la inversión extrajera. Seremos más competitivos todavía".

Ante esta situación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, afirma que la ley se ha quedado corta, y no solo porque sea de libre aplicación: "Primero, porque se aplicaría en el 23; también porque es optativa; y además, porque vuelve a proteger a los propietarios y a quien hay que proteger es a los jóvenes y a las familias que no tienen acceso a una vivienda asequible".

Sostiene en este contexto que, el hecho de que los partidos de derechas digan que no van a cumplir esta ley "no es un acosa nueva, ya sabemos que no cumplen las leyes, ni la de eutanasia, ni la del aborto, y supongo que tampoco cumplirán la Ley Celaá".

Añade además que en el caso de esta norma, "el que no la cumplan significa que nunca se han puesto del lado de las familias y los jóvenes que tienen que gastar el 110 de su sueldo en alquilar una vivienda".

"Se ponen nuevamente del lado de los fondos buitre, de los grandes tenedores y de los grandes patrimonios y no se ponen del lado de los madrileños y madrileñas, porque dicen que no quieren intervenir, ya está intervenido por los fondos buitre", ha zanjado la portavoz

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