Murcia sigue siendo un foco de actualidad constante. La moción de censura impulsada por el grupo socialista en la Asamblea de Murcia pende de un hilo y depende del apoyo de Ciudadanos para salir adelante. Aunque los de Rivera aún no han decidido qué harán, desde la formación naranja -en voz de Fernando de Páramo- si se hace un diagnóstico de por qué la región ha llegado a esta situación límite: “Estamos en esta situación porque el señor Pedro Antonio Sánchez impulsó en el Parlamento de Murcia con unanimidad de todos los grupos parlamentarios una Ley que decía que si le imputan por el caso Auditorio se iba su casa”.
El secretario de Comunicación se refiere a la Ley de Transparencia de la Región de Murcia aprobada a finales del año 2014. En ella se estipula que el cargo electo que, mediante un auto, sea imputado -u otra figura legal equivalente- por una serie de delitos que entienden de corrupción política, deberá dimitir. Entre estos delitos está el de prevaricación, por el que Pedro Antonio Sánchez está siendo investigado.
Pero Páramo está equivocado: la Ley no la impulsó Pedro Antonio Sánchez y no fue aprobada por unanimidad. La citada norma fue impulsada por su antecesor en el cargo, el popular Alberto Garre López, y salió aprobada gracias a los 32 diputados del grupo popular. El PSOE de Murcia e IU votaron en contra [consulte AQUÍ el diario de sesiones].
Los socialistas argumentaron su voto en contra en que la Ley no era lo suficientemente ambiciosa. El viceportavoz del grupo socialista, Francisco Oñate, lamentó: “Ha habido acuerdo en torno a algunas medidas, pero las relativas a imputados, procedimientos de contratación o expedientes urbanísticos lo han acabado dinamitando”.
Por lo tanto, las declaraciones de Fernando de Páramo son FALSAS porque la Ley no la impulsó Pedro Antonio Sánchez, no se aprobó por unanimidad y no hacía alusión específica al caso Auditorio.