"Las personas rescatadas sufren incertidumbre porque no saben qué va a pasar, cuándo van a poder ser desembarcadas", ha afirmado Gerard Canals, director de operaciones de Proactiva Open Arms. Por su parte, Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR ha declarado que "es inadmisible tener personas a la deriva, utilizándolas como si fuera una subasta".
Piden que se busque y se encuentre la solución no solo a una emergencia, sino a las que están por llegar. En este sentido, desde el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados reclaman un protocolo de actuación integral y estable "de manera que pueda haber puntos de desembarco fijos, desde donde equipos multidisciplinares puedan trabajar en el registro, identificación y hacer una distribución y reparto equitativo"", ha dicho María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España.
Porque los pactos puntuales entre ciertos países, como ha ocurrido con la segunda crisis del Aquarius, son parches, dicen, a un gran problema de fondo. "No podemos seguir con esta dinámica de improvisación y de resolución caso a caso, barco a barco", ha añadido Vega. Mientras, Paloma Favieres ha declarado que no cree "que la solución haya sido mala, pero, evidentemente, no puede ser el modus operandi de aquí en adelante porque situaciones como esta podemos tener todas las semanas".
Urgen a los socios europeos a que cooperen, no solo entre ellos, sino también con los países de origen de los migrantes. Colaboración que, aseguran, no debe pasar por la creación de plataformas de desembarco fuera de la Unión. "Plantea muchas dudas desde el punto de vista de la protección jurídica", ha señalado Favieres.
"Lo que es esencial es que no se transforme en una delegación de responsabilidades o una externacionalización de fronteras", ha afirmado, por su parte, Vega.
En el Mediterráneo Central en 2017 murió uno de cada 43 migrantes, mientras que este 2018 ha sido uno de cada 17. En lo que va de año ya son más de 1.500 migrantes muertos.