El pasado 6 de octubre, la Comunidad de Madrid inició un expediente administrativo sancionador contra la plataforma tecnológica después de que la empresa no presentara la licencia administrativa para iniciar su actividad el pasado viernes, cuando finalizaba el plazo para ello.
La Consejería de Transportes abrió un expediente que otorga a la empresa un plazo de 15 días para presentar alegaciones. El pasado 3 de octubre, en una de las inspecciones que se llevan a cabo regularmente en la región para detectar vehículos pirata, ya se detectó a un vehículo que operaba para Uber, al que se abrió un expediente sancionador.
En una reunión que tuvo lugar el 30 de septiembre con las asociaciones gremiales del sector del taxi, la Comunidad de Madrid expresó su "compromiso" por evitar la competencia desleal y garantizar la seguridad de los usuarios, inspeccionar y sancionar a los vehículos piratas.
En Barcelona, donde Uber se implantó unos meses antes, no presentaron la documentación y empezaron a prestar servicio sin licencia, por lo que la Generalitat ya les abrió expediente sancionador. La Comunidad de Madrid ha solicitado por carta al Ministerio de Fomento que convoque a las comunidades para actuar de manera coordinada y alcanzar una solución global al caso de Uber.
