Xabier Ferreira, coordinador jurídico del estudio, ha considerado que acudir a los tribunales es la "acción necesaria" para recuperar el Pazo de Meirás como bien público.
Ha añadido que ese proceso judicial debe emprenderlo "cualquier persona o administración con interés en demostrar que aquella compraventa no fue tal".
Según los datos históricos que maneja, la donación del Pazo de Meirás se concretó en el año 38, en el año 40 se aprobó la Ley del Patrimonio Nacional y en el 41 se formalizó "una compraventa ficticia" de esas instalaciones porque así se evitaba que fuera incorporado como bien público.