Los vecinos de la Puebla de Almoradiel, en Toledo, condenaban hace un mes el asesinato de una mujer de 43 años a manos de su marido, que dejó huérfanos a sus dos hijos. Y ahora, el pueblo denuncia que los menores de 11 y 13 años, en contra de su voluntad, tendrán que vivir con la tía paterna por decisión judicial.
Entidades como Mujeres Juristas alertan que desoír la petición de los menores es demasiado habitual. "No vemos una protección de los menores de verdad, eficaz. Y vemos todos los días que a los menores no se les escucha", lamenta Cristina Colom, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
El Código Civil establece que a partir de los 12 años el juez tiene la obligación de escuchar a los menores, aunque su postura no sea vinculante. Sin embargo, a menudo, el interés del menor choca con la tendencia a preservar el vínculo familiar. Cristina Colom critica que "no se está atendiendo a que están pidiendo una ayuda y es que no se les obligue a vivir en el entorno del padre".
La asociaciones señalan que hay deficiencias a la hora de aplicar la legislación por falta de formación. Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres afirma que "si se evalúa simplemente como una manipulación o como una falta de madurez del menor, probablemente no se van a analizar adecuadamente las causas que pueda haber detrás de ese rechazo y los derechos de ese niño o niña pueden ser gravemente alterados".
Y exigen que no se produzcan nunca más situaciones como estas: "Hay familias que por resolución judicial tuvieron que ir a la cárcel a ver al asesino de su madre", cuenta Marisa Soleto. Insisten en que a la infancia hay que tenerla en consideración y que se tiene que dotar de más seguridad a los huérfanos por violencia machista.