UN NUEVO MARCO LEGAL PARA LOS 'CENTROS DE LA VERGÜENZA'

La Unión Federal de Policía y las ONG se oponen a la reforma de la ley que rige los CIE

Según la nueva ley de los CIE, la policía se ocupará de la vigilancia pero no están de acuerdo con su cometido, porque los extranjeros en un CIE no han cometido ningún delito. Y las ONG se ocuparán de dar servicio en el interior pero denuncian que eso permitirá la privatización de estos servicios.

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El Gobierno aumentará el presupuesto para los CIEs, para garantizar que se cumplen los derechos humanos. Tras las denuncias de abusos e incluso acaba de aprobar el nuevo reglamento para los CIE. Según el gobierno esto permitirá dar más transparencia a los centros y garantizará los derechos de los inmigrantes, pero la Unión Federal de Policía y las ONG no están de acuerdo.

Para las ONG esta nueva ley, perpetúa la existencia de unos centros que no deberían existir y que privan de un derecho fundamental como la libertad, a individuos que no han cometido ningún delito. Para la UFP, que será la responsable de los centros, es una situación paradójica, porque tienen que controlar a seres humanos que no han cometido ningún delito, y en caso de que pase algo, tendrán que intervenir sin un protocolo claro, lo que vuelve a convertirles en cabeza de turco de lo que pueda pasar ahí dentro. Actualmente hay 8 centros de internamiento de extranjero, donde los extranjeros pueden estar hasta 60 días totalmente privados de libertad.

Para Fernández Díaz, el nuevo reglamento de los CIE, dará transparencia al encierro de inmigrantes ilegales en centros como este hasta que son devueltos a su país. Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, dice "quisiera poner énfasis en que en la práctica dejarán de ser tratados como centros penitenciarios". Las ONG podrán dar asistencia social, cultural y jurídica a los inmigrantes. Pero las organizaciónes, ven en el nuevo reglamento un marco legal para lo ellos llaman "centros de la vergüenza".

"Toda regulación de un centro en el que se vulneren los derechos nos parece negativa" dice Patricia Orejudo, de 'SOS RACISMO'. Los inmigrantes tendrán derecho a un intérprete y a recibir visitas, pero las ONG denuncian que el nuevo reglamento privatizará la asistencia social a los inmigrantes, y dará carta blanca a los directores de los centros."No garantiza los derechos de los inmigrantes" dice Patricia.

Será la policía la responsable de la vigilancia y el control. La Unión Federal de Policía teme que esto, deje a los agentes totalmente indefensos. Serafín Giraldo, de Unión Federal de Policía, dice "el ministro dijo que actuaramos con congruencia, oportunidad y proporcionalidad, pero a la hora de la verdad, los que vamos a ser juzgados, somos los agentes de policía".

El nuevo reglamento administrativo legalizará una estancia forzosa de hasta 60 días, aunque sólo el código penal puede privar de libertad a una persona."La policía tiene que vigilar a personas que en principio tienen todos los derechos, es paradójico" dice Serafín. Denuncian que el nuevo reglamento vuelve a dejar en segundo plano, los derechos fundamentales de los inmigrantes.