El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha estimado las medidas cautelarísimas solicitadas por algunos partidos para evitar el retraso de la convocatoria de elecciones catalanas al 30 de mayo.

Así, el Tribunal ha anulado las elecciones del 30 de mayo y la fecha se mantiene el 14 de febrero.

Es una anulación cautelar hasta que se decida el fondo del asunto, ya que se considera que la decisión de mantener las elecciones el 30 de mayo podría suponer un perjuicio a los recurrentes. El TSJCat todavía podría avalar el decreto actual y volver a llevarlas a finales de mayo, pero eso sería una vez entre en el fondo del asunto.

De las cinco demandas presentadas contra la decisión de los principales partidos en el Parlament de retrasar las elecciones, solo dos requerían las cautelarísimas. El resto requieren medidas cautelares, por lo que se solicita un informe a la Generalitat y a la Fiscalía para que presenten sus alegaciones antes del jueves a las 10 de la mañana.

De acuerdo con el auto del TSJCat, el alto tribunal autonómico estima las medidas cautelarísimas ya que "el recurso perdería su finalidad si no se decreta la suspensión del decreto impugnado, puesto que sería ilusoria la tutela cautelar que pudiera concederse, dada la imposibilidad de seguir con la tramitación del proceso electoral en los plazos establecidos en la legislación orgánica". Es decir, que de no suspenderse ahora y mantener la cita el 14 de febrero, si a posteriori se estimaran los recursos, ya sería tarde y no podrían cumplirse con los plazos para celebrar las elecciones en febrero.

El efecto Illa

Según ha indicado el PSC, ellos ya conocían de las graves dudas jurídicas que suponía el traslado de las elecciones al 30 de mayo, debido a que la convocatoria del 14-F era automática, ya que los grupos fueron incapaces de encontrar un sucesor a Quim Torra.

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado en un acto público en el Cercle D'Economía que los partidos han de acatar la decisión y que habrá que esperar a la resolución definitiva, pero que "el Govern debe seguir con los preparativos electorales. Las cosas hay que hacerlas bien y ajustarse a la legalidad".

Además, Iceta ha descartado que La Moncloa esté detrás de este recurso para afianzar el 'Efecto Illa' que arrojan algunas encuestas. "Si el PSC hubiera querido recurrir, lo hubiera hecho", ha insistido, para subrayar que el PSC se abstendrá de presentar futuros recursos.

Fuentes de La Moncloa a laSexta reconocen que la decisión es "lógica", ya que el decreto de la Generalitat estaba cogido por los pelos. Desde el PSOE, confían en que esta decisión sea "el principio del fin" de la "cacicada" independentista.

Críticas a la decisión judicial

El presidente del grupo parlamentario de JXCat, Albert Batet, ha criticado la decisión judicial a través de Twitter: "Comenzamos la legislatura en manos de la justicia y del 155, acabamos la legislatura en manos de la justicia y el 155. La pregunta es: ¿respetarán y haremos respetar los resultados de las próximas elecciones y la soberanía de las instituciones catalanas?".

 

El expresident, Quim Torra, apartado de su cargo por desobediencia, ha utilizado la misma red social para aseverar que el "TSJC continúa obstinado en gobernar Cataluña al margen de las urnas, de la democracia, los derechos fundamentales y la voluntad de sus ciudadanos. Para nuestra vergüenza, otra vez más".

 

Según fuentes de ERC a laSexta, consideran que esta decisión del aplazamiento es un "155 encubierto" y que en su partido defienden que se celebren en las condiciones sanitarias más óptimas. La portavoz de la formación, Marta Vilalta, ha considerado "inadmisible" la judicialización de la política catalana y ha culpado al PSC de esta decisión: "El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta (...). Felicidades, Illa, ya tienes lo que querías. En las urnas, cuando sean las elecciones, no dejaremos que salgas".

También el candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha criticado la decisión: "Es evidentísimo que las elecciones deben realizarse en circunstancias en las que los ciudadanos puedan votar en tranquilidad. La prioridad es salvar vidas".

Más contundente ha sido la candidata de En Comú Podem, Jessica Albiach: "Incomprensible decisión del TSJC. El Gobierno de JxCat y ERC no ha hecho bien su trabajo, pero el aplazamiento es de sentido común con las UCI colapsadas y gente que no podrá votar".

 

Por su parte, la CUP ha considerado que "el TSJC pone en riesgo la salud pública y la democracia, obligando a 200.000 a decidir entre votar o romper las medidas sanitarias básicas".

Al otro lado, el PP sí se ha mostrado a favor del aplazamiento. Su candidato, Alejandro Fernández, ha asegurado su "respeto absoluto a los pasos que dé la Justicia con respecto a las elecciones en Cataluña. El Estado de Derecho consiste exactamente en eso".