El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de los exconsellers que están en prisión por su participación en el proceso independentista han pedido este viernes al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena su excarcelación, y para ello han prometido respetar a partir de ahora el marco constitucional y han aceptado la aplicación en Catalunya del artículo 155 de la Constitución porque si fuera de otro modo, no se presentarían a las elecciones del 21 de diciembre.
Así lo han explicado fuentes de la defensa al término de las declaraciones de los exconsellers y de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, quienes también han argumentado ante el magistrado que no existen razones para mantener contra ellos esta medida cautelar. Los investigados no han dicho expresamente que acatan el 155, sino que aceptan su aplicación: "Desde el momento en que todos los miembros del Govern han decidido concurrir a unas elecciones, es obvio que se está aceptando la situación creada por la aplicación", ha explicado Jordi Pina, el abogado de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y de Jordi Sánchez.
"Desde el momento en que uno acepta concurrir a unas elecciones es de sentido común, que estás aceptando ese artículo porque si no, no irías a las y te mantendrías en tu cargo contra viento y marea", ha remarcado. Y los imputados han añadido, según Pina, que aunque no han mencionado expresamente su renuncia a las vías unilaterales, "es voluntad de todos" los exmiembros del Govern que se presentan a las elecciones que, si son elegidos, "actuarán dentro de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente".
Según fuentes presentes en las declaraciones, todos los investigados han abogado reiteradamente por el consenso de ahora en adelante y, en concreto, Raül Romeva ha apelado a la 'vía escocesa', es decir, un referéndum pactado con el Estado, para lograr sus fines, que todos han reconocido que es la independencia de Cataluña. Esta ha sido la línea mantenida por todos los que han declarado este viernes en el Supremo para pedir una revisión de las medidas cautelares que les impuso la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por su presunta implicación en la causa que investiga la rebelión, sedición y malversación de caudales públicos durante el conocido como proceso independentista.
El juez Llarena no resolverá hasta el próximo lunes por la mañana. Para la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox, los argumentos aportados por los imputados no evitan que siga existiendo riesgo de fuga y de reiteración delictiva, por lo que han solicitado, ante la gravedad de los hechos investigados, el mantenimiento de la prisión provisional para todos. Según fuentes consultadas, el Ministerio Público, en concreto, considera que ha quedado acreditado que existe una hoja de ruta y que no se trata de hechos aislados, sino que han integrado una organización y que continúan teniendo mucho poder e influencia.
Además, el abogado de Vox, Javier Ortega, cree que también continúa habiendo riesgo de destrucción o alteración de pruebas. Los exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium han sido trasladados a primera hora de la mañana desde sus respectivas prisiones hasta los calabozos de la Audiencia Nacional --el alto tribunal no dispone de unas instalaciones de este tipo--. Desde allí, la Policía Nacional les ha ido llevando en tandas de dos y han empezado a declarar sobre las diez de la mañana, en unas comparecencias que se han distinguido por su rapidez, ya que el magistrado hoy no debía abordar el fondo de la cuestión, es decir, el motivo por el que están imputados, sino atender la petición de los imputados de revisar la medida de prisión provisional.
Los primeros en comparecer este viernes han sido los cuatro exconsejeros de ERC, de los cuales Oriol Junqueras y Raül Romeva se han limitado a contestar a su abogado y han declinado responder a las preguntas que les han hecho los fiscales Consuelo Madrigal y Jaime Moreno y los representantes de Vox. A continuación han pasado ante el juez los exconsejeros republicanos Carles Mundó y Dolors Bassa, así como el exresponsable de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, del PDeCAT, quienes sí han optado por contestar a la Fiscalía.
Las cinco primeras comparecencias han sido relativamente cortas: mientras que Junqueras ha estado declarando unos 20 minutos, el resto no han pasado de diez minutos, aproximadamente. La diferencia ha llegado con la sexta investigada, la exconsejera de Gobernación Meritxell Borrás, quien ha estado ante el juez algo más de una hora. Borrás es la única de los encarcelados que no va en las listas electorales del 21 de diciembre.
De hecho, las fuentes consultadas han indicado que Borrás ha reconocido ante el juez que durante todo el proceso independentista se han cometido errores e ilegalidades y ha confirmado que ya no quiere seguir en política. La comparecencia de los siguientes exconsellers en declarar, Josep Rull y Jordi Turull, no ha durado más de 20 minutos y han respondido tanto a su abogado como a las acusaciones pública y popular. Jordi Cuixart y Jordi Sànchez han sido los últimos en comparecer y no han estado tampoco mucho tiempo: la diferencia con los demás es que ellos se han negado a responder a Vox y los fiscales han optado por no hacerles preguntas.