El portavoz de la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP), Fernando García, ha valorado que la decisión de la Comunidad de Madrid de privatizar la contratación de nuevos rastreadores refleja "la precariedad" de las personas que trabajan en Salud Pública que hacen que la Comunidad tenga que recurrir a otros medios.

Pero ¿qué supone para los ciudadanos que los rastreadores estén integrados en el sistema público o se externalice el servicio? Mientras que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, había defendido previamente que "lo importante es que el trabajo se haga", García ha asegurado en 'Al Rojo Vivo' que la administración tiene que crear las condiciones para que los rastreadores se integren en el sistema público.

"Una de las ventajas es que se puede establecer una coordinación la Atención Primaria y la Salud Pública", ha explicado García, que ha indicado que en este caso se trata de una coordinación "indispensable".

"Conocen los barrios en donde se dan las circunstancias sociolaborales y socioeconómicas de las personas que tiene que aislarse como caso o que tienen que guardar la cuarentena. Esto es muy difícil que lo haga un centro privado por una compañía privada que no esté integrada en el sistema público", ha argumentado el portavoz de AMASAP.

Sobre el contrato licitado el viernes pasado, García ha indicado que solamente aporta 22 personas "son muy pocas, nosotros venimos diciendo desde hace un tiempo que pensamos que Madrid debería tener entre 800 y 1200 rastreadores para tener una cifra que pueda contener la pandemia de una forma mejor".

También ha valorado el hecho de que sea un contrato de 3 meses, y ha asegurado que "los planes de la administración tienen que hacerse para que duren muchos meses e incluso años", porque, ha señalado, "esto no se va a resolver en 3 meses, el virus ha venido para quedarse".