Novedades en el escándalo de las comisiones millonarias en la venta de material sanitario - como guantes, mascarillas y test diagnósticos de COVID-19- al Ayuntamiento de Madrid durante la primera ola de coronavirus en nuestro país. La defensa de Luis Medina, hijo del Duque de Feria y Naty Abascal, ha reclamado la expulsión del Ayuntamiento de Madrid de la causa que investiga las mordidas que se llevaron tanto Alberto Luceño, su socio, como el propio Medina. Así se recoge en un escrito al que ha tenido acceso laSexta.

"El Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no puede venir a quejarse de algo que dio por válido y por lo que no interpuso ningún tipo de reclamación", reza el escrito, en el que se añade: "Muy al contrario de lo que hicieron, según declara la señora Collado, con la empresa Sinclair, a la que denunciaron por no tener la calidad suficiente las mascarillas compradas".

Para la defensa de Medina, todo esto "acredita contundentemente que el Ayuntamiento de Madrid, de ninguna de las maneras se ha visto perjudicado por los contratos investigados, ya que llegaron todas las mascarillas, que eran de buenisima calidad". En relación a la polémica por la calidad de los guantes, la defensa ha recordado que al consistorio comandado por José Luis Martínez Almeida "se le devolvió la diferencia (adquiriendo los enviados porque eran a precio adecuado)".

Finalmente, en cuanto a los test, según expresan, "no consta que una vez recibido el reactivo no hayan funcionado, sin perjuicio de que hasta el día de hoy no se ha presentado ninguna reclamación por estos contratos, prueba fehaciente de que el consistorio estaba de acuerdo con los mismos y con el resultado". Estos razonamientos han llevado a la defensa de Medina a entender que "no puede aceptarse que el Ayuntamiento de Madrid sea acusación particular" en este asunto.

Un asunto donde "ha estado de acuerdo con los contratos investigados, suscribiéndolos y en ningún momento revocándolos ni denunciándolos, habiéndose mostrado conforme con lo que ha obtenido de los mismos", prosigue en el escrito la defensa de Medina, que también ha pedido "tener en cuenta que este asunto se está comenzando a instruir por el Juzgado, y que el Ayuntamiento es una de las partes firmantes de los negocios investigados (aceptándolos plenamente y rubricándolos)".

"En el caso de que de las diligencias se aprecie que se ha producido alguna irregularidad, la responsabilidad podría recaer en dicha Institución, por lo que no es el momento procesal oportuno para personarse ni tener como acusación particular a una parte que, por su participación en los contratos, puede acabar siendo investigada", concluye el planteamiento de la defensa de Medina.

Los movimientos de la defensa del comisionista se producen el mismo día que la Fiscalía ha pedido una fianza de casi un millón de euros -en concreto, 891.227,07 euros- que tendría que abonar con los bienes de los que todavía sea propietario. También, muy pocas horas después de conocer que el Ayuntamiento de Madrid negó en marzo que alguno de los contratos de emergencia estuviera judicializado, afirmando que ninguna de estas adjudicaciones durante la pandemia fueron objeto de "recurso judicial o denuncia en Fiscalía".