El Ayuntamiento de Madrid negó en marzo que cualquiera de los contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia hubieran sido objeto de "recurso judicial o denuncia en Fiscalía", según varios escritos a los que ha tenido acceso laSexta. Sin embargo, las diligencias de Anticorrupción comenzaron en noviembre de 2020 e incluso la coordinadora de Presupuestos y encargada de compras del material sanitario, Elena Collado, acudió a declarar por las presuntas irregularidades en febrero de 2021.

Así consta en una respuesta escrita a una solicitud de información de un concejal de Más Madrid firmada hace exactamente un mes: el 18 de marzo de 2022, justo antes de que estallara el caso de la presunta estafa y el cobro de comisiones millonarias por parte de Alberto Luceño y Luis Medina gracias a un contrato público de material sanitario en lo peor de la pandemia.

La Dirección General de Contratación del Ayuntamiento de Madrid asegura en el citado documento que "no se tiene constancia de ningún recurso judicial o denuncia" en los contratos de emergencia y, además, señalan que "no existe obligación" de informar en el supuesto de que esto sucediera.

"Corresponde a cada órgano de contratación la tramitación de incidencias de esta naturaleza, sin perjuicio de la intervención que en su caso corresponda ejercer a los servicios de lo contencioso del Ayuntamiento", afirma el documento.

Así responde a una petición del concejal de Más Madrid Miguel Montejo, que el 4 de marzo registró una solicitud de información sobre los contratos públicos que estuvieran judicializados.

Pero la Fiscalía Anticorrupción -que se ha querellado contra Medina y Luceño por estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental- había iniciado sus investigaciones mucho antes de que salieran a la luz: en noviembre de 2020, hace casi año y medio. Y el Ayuntamiento sí tenía constancia ya que, como se ha mencionado, Collado llegó a declarar ante el Ministerio Público. Y también el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha reconocido que aportaron documentación para la investigación.

El alcalde de Madrid señaló el pasado jueves que a ellos le "requirieron una documentación relativa al famoso contrato en diciembre de 2020", y que "en febrero de 2021 llaman a una persona del ayuntamiento, a la responsable de la contratación, a declarar como testigo en las diligencias previas que había abierto la Fiscalía". "A partir de ahí, nosotros no teníamos más información sobre qué se estaba investigando, cuáles eran los delitos que se estaban investigando", defendió.