Rajoy prometía una lucha sin cuartel contra la corrupción, "una reforma ambiciosa, un poderoso arsenal", afirmaba en el Congreso de los Diputados. Pero no parece que vaya a ser para tanto. El consejo de ministros estudia la primera medida, que la instrucción penal no dure más de seis meses. Una apuesta inviable. Según explica Joaquim Bosch, portavoz de 'Jueces para la Democracia', se trata de "pura propaganda para dar la imagen de que se hace algo contra la corrupción. La realidad es que con los medios que hay es imposible".

La propuesta nace ya con críticas. La líder de UPyD, Rosa Díez, se ha preguntado en 'Al Rojo Vivo' si "significa que lo que no se pueda investigar en seis meses, no se va a investigar" y "si es otro tipo de amnistía". 

Desde el Congreso, Gaspar Llamazares, ha declarado que "casos como Bárcenas, Gürtel, Nóos, o los ERE se quedarían sin investigar". Acortar el periodo de instrucción es más un deseo de los políticos que de los propios jueces. 

Lo que los magistrados piden son penas más elevadas para los delitos de corrupción, ampliar su prescripción y limitar el indulto. Pero más allá de eso, exigen al ministro de Justicia, más medios. El proyecto del Gobierno contempla, en casos complejos, trocear las causas y llevar el plazo de instrucción hasta los 18 meses.