Juan Carlos I pidió matrimonio a Corinna Larsen un mes antes de abdicar, en junio de 2014. Es lo que afirma la demanda que la mujer ha presentado ante la Justicia británica, según publica 'La Razón', que también informa de que la amiga especial del rey habría recibido una donación de 65 millones en 2012, procedente de Arabia Saudí.

En una declaración jurada, Larsen asegura que en abril de 2012 agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habrían allanado varias de sus propiedades, bajo las órdenes del rey emérito. Un mes después, se habría producido una reunión con el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, quien le habría que dicho que no se podía garantizar su seguridad física ni la de su hijo, según dijo ella en enero ante el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

En ese contexto fue cuando se produjo, el 30 de mayo de 2012, una transferencia ordenada por Juan Carlos I de 64,8 millones que recibió de Arabia Saudí a una cuenta bancaria de la sociedad Solare Investors Corp, abierta por Larsen en el banco Gonet & Cia, situado en Nassau (Bahamas).

La examiga íntima del rey también ha reclamado a la justicia británica que reclame al emérito una indemnización por los costes de sus tratamientos de salud mental, por la instalación de medidas de seguridad personal y protección, y por la contratación de exdiplomáticos y exfuncionarios para "poner fin al acoso" que denuncia por parte del emérito.

Según la denuncia, Larsen "ha sufrido gran angustia, ansiedad, privaciones de sueño y preocupación por su propia seguridad física y la de sus hijos". Y dice, asimismo, que "ha sido objeto de una continua amenaza de daño físico, intrusión y vigilancia" por parte del rey emérito.

La empresaria alemana ha denunciado que fue amenazada por el Rey emérito, quien supuestamente le dijo que las consecuencias para ella ‘no serían buenas’ si no hacía lo que se le dijese, según La Razón.

Según Financial Times, la semana pasada la defensa de Juan Carlos I aún no había respondido a la reclamación, aunque aún debe dirimirse si la justicia inglesa es competente para investigar a un ex jefe del Estado de otra nación que no vive en el Reino Unido.