El escrache tuvo lugar el pasado día 5 ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y entre los participantes está el ex secretario general de Alianza Popular (AP) Jorge Verstrynge y, según ha confirmado la Delegación del Gobierno, de las dieciocho propuestas de sanción, que pueden ser recurridas, tres son por falta grave y quince por falta leve.
Las faltas graves serán sancionadas con 1.500 euros de multa si finalmente se resuelve el expediente en contra del afectado correspondiente, mientras que las leves conllevarán una sanción de entre 200 y 250 euros dependiendo de la infracción cometida.
"Es una vergüenza, porque ellos mismos están reconociendo que no se ha producido ningún tipo de delito, ningún incidente. Hasta ahora en ninguna de las acciones que hemos promovido se ha producido una alteración del orden público y no está justificada ninguna sanción", ha señalado Colau.
En declaraciones a los periodistas tras una conferencia sobre desahucios en el Colegio de Periodistas de Cataluña, Colau ha dicho: "el hecho que sí debería ser delictivo es el acoso a las personas estafadas en el tema hipotecario y desahucios". "A la mínima que los manifestantes reclaman responsabilidades a sus representantes de forma pacífica, se utiliza el abuso de poder y del Estado para ir contra las víctimas. Esto la ciudadanía no lo entiende y, si siguen por este camino, construirán un camino de deslegitimación que irá a peor", ha advertido la portavoz.
Bajo su punto de vista, las multas "no tienen base jurídica y, sin embargo, Cifuentes sigue tratando de amedrentar a la ciudadanía para que no ejerza el derecho legítimo constitucional a la manifestación". "No lo van a conseguir -ha asegurado-. Al contrario, si siguen por este camino, lo único que van conseguir es que aumenten las manifestaciones y las acciones".
Por su parte, el exsecretario general de la antigua Alianza Popular Jorge Verstrynge ha denunciado el "intento de amedrentamiento" y "provocación" por parte del Gobierno a través de las anunciadas multas para los participantes en 'escraches' en viviendas particulares de diputados del PP y miembros del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El exmiembro del PP ha censurado así que la Delegación del Gobierno de Madrid que dirige Cristina Cifuentes haya abierto expedientes sancionadores a participantes en 'escraches' a políticos, entre ellos el protagonizado la semana pasada contra la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el que participó el propio Verstrynge.
Rubalcaba, más cauto
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que los ciudadanos están "en su legítimo derecho de protestar" por la situación económica y, más concretamente, contra los desahucios, si bien ha dejado claro que no está de acuerdo "cuando ese derecho entra en el terreno de la coacción".
"Hay una situación de tensión social evidente y hay dos cosas a considerar: la indignación de los ciudadanos, que se manifiestan y están en su derecho, pero es verdad que cuando ese derecho entra en el terreno de la coacción no puedo estar de acuerdo", ha afirmado Rubalcaba en una entrevista televisiva.Rubalcaba ha pedido a las "autoridades" que tengan "prudencia" y ha comentado que cuando la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, vincula a los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el entorno de ETA "está haciendo lo contrario de lo que un responsable del orden público tiene que hacer".