Según las cifras que maneja a día de hoy el Tribunal Supremo, desde que comenzó la crisis sanitaria del coronavirus su registro central ha recibido 13 querellas y 17 denuncias en las que se pide la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias; el ministro de Sanidad, Salvador Illa, o alguno de los miembros de su gabinete por haber cometido delitos como homicidio por imprudencia, lesiones o prevaricación o atentar contra los derechos de los trabajadores. Además, en la vía contencioso-administrativa se han presentado 32 recursos contra decretos aprobados por el Consejo de Ministros y órdenes ministeriales impulsadas por sus departamentos.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo aún no ha comenzado a estudiar la admisión a trámite de ninguna de estas querellas, aunque fuentes jurídicas consultadas por laSexta apuntan que es muy complicado que iniciativas genéricas contra todo el Gobierno en las que se le atribuye la responsabilidad en el fallecimiento de más de 27.000 personas puedan prosperar. "El Derecho Penal analiza acciones concretas cometidas por personas concretas", recuerdan.

Muchas de estas querellas, como la presentada por Vox o la denominada Fundación Zeballos, que aspira a representar a 3.000 familiares de fallecidos por coronavirus, atribuyen al Ejecutivo la responsabilidad por todos los fallecimientos que se han producido en España desde el inicio de la pandemia. Utilizan la calificación jurídica de homicidio por imprudencia, castigada con penas de hasta cuatro años de cárcel, por la falta de previsión que habrían tenido sus responsables para proteger a la población y la carestía de materiales de protección a la que se tuvieron que enfrentar los profesionales sanitarios.

Otras como la Asociación de Abogados Cristianos atribuyen a los miembros del Gobierno los delitos omisión del deber de socorro y prevaricación e incluyen en su querella al director del Centro de Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que no está aforado ante la Sala Segunda el Supremo. Por esa razón, un particular y dos asociaciones han presentado querellas contra él en los juzgados de Plaza de Castilla. La primera la estudió el Juzgado de Instrucción número 11, que rechazó imputar a Simón al no apreciar delitos contra los derechos de los trabajadores por la falta de material para los sanitarios ni falsedad en los conteos dispares de fallecidos. El juez no entró a valorar la acusación de homicidio por imprudencia que se le atribuía porque los hechos investigados, denunciados por los familiares de un fallecido, ocurrieron en el municipio de Móstoles y no en la capital.

Vox, que al mismo tiempo recurrió ante el Tribunal Constitucional el estado de alarma que permitió el confinamiento y organizó una multitudinaria manifestación en coche en las principales ciudades del país, también inició acciones legales contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y dos de sus consejeros por imprudencia grave, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores, al desoír las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y convocar manifestaciones masivas como la que el independentismo celebró el pasado 29 de febrero en Perpiñán.

Querellas que buscan negocio y otras con mayor sustento

En las últimas semanas se han creado numerosas asociaciones de afectados e incluso de consumidores que se comprometen a llevar a cabo acciones legales de forma gratuita o a cambio de cuotas que oscilan en torno a los 150 euros. La Asociación Libre de Abogados (ALA) denunció ante varios colegios profesionales algunas de estas prácticas por incumplir el Código Deontológico de la Abogacía, que establece que el ofrecimiento de servicios profesionales para "víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas" no pueden realizarse "en momentos o circunstancias que condicionen la elección libre de abogado y, en ningún caso, hasta transcurridos 45 días del hecho".

Los expertos en Derecho Penal apuntan que las querellas que podrían tener más visos de prosperar son las que se centran en la falta de materiales de protección para los sanitarios u otros colectivos como los policías o guardias civiles que han estado en la primera línea de la batalla contra el coronavirus. El sindicato CSIF y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se querellaron contra Illa, al que atribuyen un delito contra los derechos de los trabajadores, por "poner en grave riesgo la salud e integridad del personal sanitario", al haber comprado mascarillas defectuosas y no haber evitado los contagios masivos, que ya han superado los 50.000. Para concluir que hubo delito habría que demostrar que los responsables de Sanidad no hicieron todo lo que estaba en su mano para conseguir esos materiales en un mercado que, según el Gobierno, se caracterizó por el desabastecimiento y era extremadamente competitivo.

La reclamación de mascarillas para los sanitarios ya se produjo por la vía contencioso-administrativa por parte de la CESM, que solicitó al Supremo que en el plazo de 24 horas obligara a proveer a los sanitarios de mascarillas, guantes, batas y gafas protectoras. La Sala Tercera del alto tribunal rechazó la medida cautelarísima solicitada por esta asociación y señaló que eran "notorias" las manifestaciones de los responsables públicos en las que se aseguraba que se estaban desplegando "toda suerte de iniciativas para satisfacer" esas necesidades.

Causa contra el delegado del Gobierno

La única causa que se ha abierto desde el comienzo de la crisis es la que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que ha circunscrito los hechos a las razones por las que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, autorizó manifestaciones masivas en la región entre los días 5 y 14 de marzo y si lo hizo habiendo recibido notificación de las advertencias sanitarias que en esa época ya estaban haciendo organismos internacionales como la OMS o el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades.

La imputación, que se sustenta en un informe de la Guardia Civil que contenía bulos, incorrecciones y declaraciones sesgadas, se fundamenta en un delito de prevaricación por omisión, es decir, que se atribuye al delegado del Gobierno en Madrid la responsabilidad de no prohibir manifestaciones como el 8M a pesar de conocer supuestamente el riesgo al que se podían estar enfrentando los asistentes. Sin embargo, un informe del forense aportado a la causa señala que "no se podía saber" si alguien contrajo el coronavirus en una de esas manifestaciones o en cualquier otro lugar público como la red de Metro o autobús, que permaneció abierta con normalidad y sin ningún tipo de restricciones hasta que el 14 de marzo el Gobierno declaró el estado de alarma.