El camino hacia el 9 de noviembre comienza a tomar forma. El proceso que se avecina es, según el Govern transparente: “Este es un proceso democrático, legítimo, legal que está presidido por una actitud y por una garantía de transparencia” dice Joana Ortega, vicepresidenta dela Generalitat. Unas 10.000 urnas recogerán la papeleta de las más de 5.000.000 de personas que están llamadas a votar y, de celebrarse la consulta, 9.200 agentes velarán por la seguridad de los ciudadanos.
Pero el Ejecutivo catalán es consciente de que todo puede quedar mañana en suspenso aunque en su primera entrevista tras la firma del sábado, Artur Mas insistió en matizar lo siguiente: “Que quede suspendida no quiere decir que quede anulada, por tanto si el Tribunal Constitucional en algún momento levanta la suspensión, el Gobierno de Cataluña tiene que estar preparado porque finalmente el 9 de noviembre se pueda votar”.
Están preparados y además, confía en que el Alto Tribunal actúe de forma imparcial: “El Tribunal Constitucional es un árbitro, y por definición, los árbitros son buenos, no pueden ser comprados”. Al hilo del caso Pujol, el president también negó que su padre fuera testaferro de la familia, y descartó sospechas sobre su honestidad: “¿Está usted limpio de corrupción? Creo que sí, vamos, siempre me he comportado de una manera correcta”.
A los servicios del Estado les acusa de fabricar informes en su contra para contrarrestar la apuesta soberanista. Desde ERC se deshacen en halagos hacia un Mas, que según Alfred Bosch el sábado demostró estar en forma: “Estamos ilusionados, contentos, el presidente ha hecho lo que prometió”. En cuanto a la decisión del Constitucional, Bosch reconoce que es importante, pero también matiza: la voluntad mayoritaria del pueblo de Cataluña lo es más.