Es una las mayores incógnitas del procés. El Govern no desvela donde guarda las urnas, pero ha querido exhibir cómo serán. "Es la urna con la que los ciudadanos de Cataluña van a ir a votar", aseguraba el presidente de la ANC, Jordi Sánchez.

Los independentistas aseguran que también habrá papeletas. Esta semana han estado repartiendo y preparando más. A pesar de las operaciones policiales, el Govern asegura haber enviado notificaciones para forma las mesas electorales.

"Están llegando algunas notificaciones pero no han llegado todas", ha explicado Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí en el Parlament. Una de ellas la ha recibido Julia para presidir una mesa en Torellà. "Me la encontré el miércoles en el buzón", informa la joven.

Si acude como integrante podría enfrentarse a una multa de hasta 300.000 euros. "Puede que sea un delito, esto me lo va a tener que decir alguien que sepa del tema. Si es, voy a ser consecuente con mis actos pero voy a ir porque creo que es lo que tengo que hacer", prosigue Julia. No lo ve así otra mujer que prefiere mantenerse en el anonimato. "Me llegó el domingo por la noche, de una manera extraña. Me la enocntré encima del buzón", ha detallado.

Para los colegios donde no pueda componerse la mesa, Puigdemont tiene un plan B: el primero que llegue al colegio y los segundos y terceros serían el presidente y los vocales. "Tal y como está previsto en la Ley Electoral General", exponía en 'Salvados'.

Tampoco está claro cómo han elaborado el censo. Utilizar esos datos que la Generalitat habría actualizado a través de dos institutos es ilegal, y desde el PP hay quien lo ha denunciado. "Que hagan como yo, que presenten denuncias delante de la Agencia de Protección de Datos", ha asegurado Xavier García Albiol.

Con la Sindicatura Electoral disuelta, el Govern pretende que sus funciones las desarrolle el Defensor del Pueblo catalán, junto a observadores internacionales. "No vamos a dar nombres para evitar, como ha pasado con otras muchas personas a lo largo del proceso, que sean víctimas de la represión del Estado", ha explicado Jordi Turull.

Mientras, el Constitucional hace guardia para evitar que se recomponga la Junta Electoral. Prevé multar a cada nuevo miembro, con 30.000 euros.