Los números de atención al cliente que cuentan con el prefijo 902 tienen los días contados. De hecho, "antes del verano que viene estarán prohibidos", asegura Alberto Garzón, ministro de Consumo, en una entrevista en Canal Sur Radio. El Gobierno ya prepara una modificación legislativa para prohibir el uso de estos teléfonos y así abaratar unas llamadas que, según indican, generan "abusos y sobrecostes en las facturas mensuales".
Con esta medida, el Gobierno busca que los consumidores dispongan siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas. "Los servicios de atención al cliente no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas. Es una medida de justicia social", explican desde Moncloa.
De este modo, el límite de precio para los 902 no podrá ser mayor que el de otras llamadas en España. No obstante, esto ya está remarcado en la legislación, puesto que el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) apunta a que toda empresa o profesional debe disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tarifa básica.
Ahora bien, como recoge Europa Press, hay ciertas discrepancias a la hora de interpretar el concepto de "tarifa básica". Un hecho que utilizan muchas empresas para establecer números que suponen un coste extra a quienes llaman. ¿El más común? el 902 mencionado, que afecta especialmente "a las familias trabajadoras", según Garzón.
Los 902 son más caros que una llamada provincial, pero más baratos que una llamada nacional. Este precio se estableció en el pasado; sin embargo, hoy en día todos los operadores ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles. Es decir, ante una estabilización de los precios, este prefijo ha quedado "obsoleto", según el ministerio.
Denuncias desde 2017
Ante las dudas que planteaba el concepto "tarifa básica", el TJUE sentenció en marzo de 2017 que una llamada de atención al cliente, en relación con un contrato celebrado, "no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar".
En esta línea, ese mismo año FACUA-Consumidores en Acción lanzó la campaña #Stop902. La asociación empezó a interponer denuncias ante las autoridades autonómicas de consumo "contra decenas de empresas" que utilizan líneas 902 —también han actuado contra los 901, 807 e internacionales—.
FACUA realizó un estudio en 2016 para comprobar el estado de los número de atención al cliente de 141 empresas españolas. Más de la mitad, 75 de ellas, "utilizan numeraciones que vulneran la legislación", según la asociación.
"Los 902 no solo son un negocio para las telefónicas", denuncia FACUA, y concluye: "Muchas de las empresas que obligan a llamar a líneas con este prefijo ganan dinero con cada llamada que reciben. Por eso se resisten a sustituirlo por numeraciones que no representen un sobrecoste".