El Congreso de los Diputados ha tomado en consideración la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, con la que se busca establecer un máximo de 25 años a la hora de hacer públicos estos documentos.
Al final de legislatura, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó su propio proyecto de Ley de Información Clasificada, el cual fue considerado insuficiente por los nacionalistas y por partidos de izquierda y que en todo caso tampoco pudo salir adelante por la disolución de las Cortes.
Ahora, el PNV busca adelantar los trámites y ha decidido llevar a votación el martes la toma en consideración de la proposición de ley que registró el pasado mes de agosto, nada más arrancar la legislatura. La idea del PNV es que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.
El PSOE y sus socios han respaldado la iniciativa, tildada por Sumar, los grupos minoritarios e independentistas como un resquicio franquista, aunque no ha habido acuerdo mutuo sobre los plazos para la desclasificación de documentos, uno de los puntos más polémicos.
Son condiciones menos restrictivas que las que planteaba el Ministerio de Presidencia de Félix Bolaños, en cuyo anteproyecto establecia que, desde la entrada en vigor de la ley, lo máximo que podrá permanecer secreta una información serán 65 años. En concreto, para la de alto secreto se fija un plazo de 50 años, prorrogable otros 15; la secreta lo será por 40, más diez de prórroga; la confidencial entre siete y diez años y la restringida entre cuatro y seis.
Cumplidos los plazos máximos, tendrá que ser automáticamente desclasificada, si bien, los plazos inicialmente fijados podrán ser revisados por la autoridad que en día clasificó la información si considera que se puede publicar antes. "No existe la posibilidad de que algo esté clasificado de por vida", resumía el ministro Bolaños, que tildaba de "razonables" sus plazos. Sin embargo, esas pautas no sólo fueron criticados por el PNV y otros partidos de oposición, sino por el entonces socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos, que ya prometia enmiendas para modificarlo.
El diputado del PNV Mikel Legarda ha denunciado la opacidad de los secretos oficiales y el desajuste de la ley respecto a la Constitución, derecho a la información y transparencia de las instituciones del Estado.
El diputado del PSOE Juan Carlos Jerez ha mostrado su disponibilidad para acordar un texto al sostener que el partido quiere "llegar hasta el final" en cualquier cuestión relacionada con la transparencia y los derechos ciudadanos.
Carlos Rojas (PP) ha dicho que la reforma de los secretos oficiales "merece un debate sosegado entre todas las fuerzas", principalmente para mejorar la seguridad ante "cualquier ataque interno o externo", pero no comparte la propuesta del grupo vasco. Desde Sumar, Enrique Santiago ha dicho que no ve posible la protección y seguridad del Estado si no se garantizan el acceso y derecho a la verdad y ha destacado que lo más importante sería fijar tiempos razonables para que los documentos, clasificados por funcionarios al servicio del régimen, vean la luz pública.
Por su parte, Vox ha opinado que hay materias del Estado que "deberían quedar fuera del ámbito público" y ha indicado que la iniciativa del PNV contiene un fondo con "violencia política y moral" vinculada a la actividad terrorista de ETA y a raíces "xenófobas".