La vista llega después de un contencioso administrativo contra los dos ayuntamientos que presentó la Abogacía del Estado a petición de la Delegación del Gobierno en Cataluña, al considerar que "no está dentro de las competencias municipales alquilar trenes para que la gente vaya a una manifestación política", consideraron entonces a fuentes de la Delegación.
Los alcaldes de Girona y Figueres, Carles Puigdemont y Santi Vila -ahora conseller de Territorio- tildaron de persecución política el recurso: "Las instituciones del Estado están más al servicio de la causa ideológica, partidista y política que la defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos", consideró Puigdemont.
Defendió también que este servicio "no solo no costó ni un duro", sino que además generó un superávit que se entregó al Banco de Alimentos, y lamentó la actuación de la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, que consideró de deslealtad institucional.
El 11 de septiembre, más de un millón de personas, según la Guardia Urbana, y 600.000 según la Delegación del Gobierno, llenaron las calles del centro de Barcelona para reclamar la independencia bajo el lema 'Cataluña, nuevo Estado de Europa'.