La exconsellera Clara Ponsatí, reclamada por sedición a raíz de su participación en el referéndum ilegal independentista, comparecerá este jueves ante la Justicia inglesa, que decidirá sobre su extradición a España.

Su defensa, ejercida por el abogado Aamer Anwar, ha señalado que se prevé una vista de aproximadamente una hora y que Ponsatí está acusada con el "delito arcaico de sedición, que no existe" en la legislación escocesa, según ha informado 'El Periódico'.

La Fiscalía escocesa, que actúa en representación de España, ha considerado que la actuación de la exconsellera de la Generalitat "podría constituir el delito de traición" que sí se contempla en su código penal.

Reclamada por sedición

El pasado 8 de noviembre, Reino Unido reactivó la tramitación de la euroorden contra la exconsellera Clara Ponsatí después de que el juez Llarena remitiera la información complementaria que solicitaron.

El juez del Tribunal Supremo destacó en un escrito enviado a la Justicia inglesa que Ponsatí, junto al resto del Govern, dio pasos para facilitar la celebración del referéndum de independencia de Cataluña "pese a conocer la ilegalidad y nulidad del proceso, que finalmente desembocó, tal y como se preveía, en actos violentos".

Llarena recordó que Ponsatí era consejera de Enseñanza y que, como tal, el 6 de septiembre de 2017 firmó el decreto por el que se convocaba el referéndum, pese a las resoluciones del Constitucional que lo habían declarado nulo y que habían advertido a los miembros del Govern de las consecuencias penales si se continuaba con el 'procés'.

El 29 de septiembre de 2017, continuaba el escrito, dio instrucciones para ceder el uso de los centros de enseñanza de la comunidad, que dependían de ella, para que fueran utilizados como colegios electorales el 1-O, y lo hizo también "con pleno conocimiento" de que el Constitucional había suspendido el decreto de convocatoria de la consulta.

El juez destacó que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado además a las fuerzas policiales que procedieran al cierre de los centros de votación e impidieran el referéndum y que el 28 de septiembre los responsables de los Mossos habían alertado al Govern de que "era probable una escaldada de violencia con brotes importantes de enfrentamientos el día 1 de octubre, como finalmente ocurrió".

En resumen, Ponsatí, en su condición de autoridad pública y en ejercicio de sus funciones en Cataluña, el 6 y el 29 de septiembre de 2017 "desobedeció las resoluciones y los requerimientos reiterados del Tribunal Constitucional del Reino de España, así como la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña" y tomó medidas para celebrar el referéndum.

"Todo ello con el objetivo de conseguir la alteración del orden legal y constitucional vigente", concluyó el escrito.