La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado fianzas de responsabilidad civil por importe de algo más de 8,5 millones de euros, para cada uno de los dos hijos del empresario jerezano José María Ruiz Mateos. Han prestado declaración como imputados, ante la juez Mercedes Alaya, a cuenta de las irregularidades detectadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por el hotel Cervantes, ubicado en Torremolinos (Málaga) y perteneciente al Grupo Rumasa. Se les atribuye un presunto delito de malversación caudales públicos.
El exsindicalista de UGT Juan Lanzas, jugaró un papel clave en la trama al tratarse de la persona encargada de lograr que los expedientes de regulación de empleo contasen con incentivos autonómicos y no supusiesen costes para las empresas, algunas de las cuales arrojaban incluso beneficios o no necesitaban reestructuraciones laborales. Porque la trama, en gran medida, se nutriría de las elevadas comisiones que las consultoras del sector de las aseguradoras cobraban a la Junta de Andalucía por la confección de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los ERE.
Según la investigación judicial, Javier y Pablo Ruiz Mateos habrían entrado en contacto con Juan Lanzas para gestionar el mencionado expediente de regulación de empleo y él se habría comprometido a conseguir financiación autonómica para el procedimiento obteniendo a cambio unos 600.000 euros, siempre supuestamente. La investigación, en ese sentido, señala que Lanzas habría sido objeto de "pagos en B", o sea dinero negro, a través de la entrega de "sobres quincenales o mensuales de 20.000 o 25.000 euros".
Javier y Pablo Ruiz Mateos se encargaban de las finanzas y la supervisión empresarial, respectivamente. Ellos negaron cualquier pago de dinero negro a Lanzas, al que habrían descrito como un colaborador del grupo empresarial como cualquier otro y habrían manifestado que era su padre, José María Ruiz Mateos, quien estaba al frente de las gestiones empresariales.