El curso político empieza con una tensión creciente entre el Gobierno y los empresarios. En una entrevista en televisión, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha acusado al Gobierno de estar fomentando la crispación y de culpar a a los empresarios de la situación.
"Nos sorprende que por parte del Gobierno se lancen mensajes que creen crispación cuando su función es que todos trabajemos en la misma línea" dicho, y ha insistido después en "todos estamos pasándolo mal y buscar culpables me parece delicado y peligroso".
En su opinión, "no es bueno que el Gobierno quiera culpabilizar de absolutamente todo a la empresa que es la que tira del carro", y ha matizado después que con empresa también se refiere a "los trabajadores".
No obstante, ha aclarado, no se plantea levantarse de la mesa, algo que, asegura, no han hecho nunca. Aun así, añade, esto "no significa que podamos no compartir la posición con los sindicatos".
Garamendi ha señalado que son las pequeñas y medianas empresas (pymes) las que están sufriendo más, por lo que considera que hay que hablar más de eso y menos "del Ibex", es referencia a la crítica contra las grandes compañías, sobre todo a las eléctricas, que viene manifestando el Gobierno.
En su línea habitual, se ha posicionado contra unanueva subida del salario mínimointerprofesional, y ha recordado que ya se ha subido el 35% en los últimos tres años en "más de nueve comunidades supera el 60% del sueldo medio", objetivo al que quiere llegar el Gobierno. Ha dejado caer además que la última propuesta del Gobierno se trata de una medida electoralista.
Con respecto a los impuestos, Garamendi ha defendido una deflactación de la tarifa del IRPF, lo que ayudaría, en su opinión "a gestionar mejor "la compra de energía". Además, Garamendi se posicionado a favor de alargar la vida de las centrales nucleares.
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Así, ha pedido cuidar el tejido industrial, porque si no "tendremos un serio problema", al tratarse de "empleos estables".
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Ley de Propiedad Horizontal
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Se trata de una medida a la que se comprometió la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez, hace unas semanas con el fin de "empoderar a los vecinos para que puedan condicionar o vetar la llegada" de este tipo de alojamientos.