La independencia del Tribunal de Cuentas está sobre la mesa. A las quejas aparecidas en algunos medios de comunicación sobre su falta de independencia, se le une la de un antiguo trabajador, que afirma que sus dirigentes, puestos a dedo en arduas negociaciones por los grupos políticos, no afrontan los casos más espinosos.
“No es eso de que te llaman porque tienes que hacer tal cosa, es que si haces una serie de cosas sabes que te va a crear problemas, entonces no las haces”, asegura Andrés Sanz, exfuncionario del Tribunal de Cuentas.
Estas acusaciones han hecho hablar al gobierno completo del Tribunal: el presidente, y los representantes de la sección judicial y fiscal, que niegan tajantemente ser títeres de los políticos.
“Los miembros del tribunal son completamente independientes, y lo son porque la ley les faculta y les da la facultad para poder serlo”, defiende el presidente del organismo fiscalizador, Ramón Álvarez de Miranda.
“No hay ningún elemento ni directriz que pueda sugerir que una persona ha sido puesta por un grupo parlamentario o por otro”, sostiene Felipe García, presidente de la sección judicial del Tribunal.
El problema del Tribunal es su opacidad. Rara vez conceden entrevistas, esta ha sido una auténtica excepción, y sólo elaboran informes. Contrasta con el Tribunal de Cuentas de Brasil, donde sus plenos son televisados por Internet.
En el Tribunal están abiertos a las reformas. Reconocen que tienen límites. Por ejemplo, si la futura ley de transparencia incluye a la Casa Real, no podrían auditarla porque la Constitución dicta que el rey distribuye libremente sus presupuestos.
El Tribunal quiere además disponer de datos de la Agencia Tributaria, para hacer mejor su trabajo. Y poder imponer multas acordes con la realidad. La sanción máxima que puede dictar es de 900 euros.