La noticia de que el rey Juan Carlos ha pedido una regularización fiscal condicionó este domingo el aniversario de la Constitución. Según 'El País', el movimiento del monarca se refiere a los fondos que habría recibido de un empresario mexicano y que habría gastado en hoteles, viajes y otros asuntos utilizando como testaferro a un coronel de su círculo más cercano.

El periódico cifra en más de 500.000 euros el dinero que Juan Carlos I pretende regularizar para intentar evitar así una querella por delito fiscal. Ya no gozaba de inviolabilidad en el momento en que se habrían producido los hechos.

Al margen de esta noticia, ya de por sí escandalosa, me ha llamado profundamente la atención la reacción del Partido Popular. "Me quedo con el legado de don Juan Carlos como arquitecto de la Transición, pieza imprescindible de las libertades y la democracia", ha declarado Pablo Casado. Según él, este asunto se circunscribe "al ámbito privado". Era claramente la consigna de Génova, puesto que todos los miembros del PP que han valorado en estas primeras horas la noticia, lo han hecho en la misma dirección.

Me parece sorprendente por dos razones. La primera se refiere a lo del legado. El legado es todo, no sólo la Transición. No parece razonable quedarse únicamente con la parte que interesa. De hecho, nos pasa a todos, que a veces hacemos cosas bien y otras, mal. A la hora de hacer balance, unas pueden predominar sobre otras, pero no eliminarlas de un plumazo. Por lo tanto, el legado del rey emérito tiene luces y sombras y es tan evidente, que resulta ridículo decir lo contrario.

Lo segundo que me ha llamado la atención es eso de afirmar que una regularización fiscal por parte de Juan Carlos I pertenece al ámbito privado. El pago de impuestos, que beneficia a todos, no es algo enteramente privado, y menos en una figura de semejante relevancia pública. Además, pronunciarse en ese sentido supone minimizar de alguna manera la gravedad del comportamiento del monarca.

Un rey no puede ser noticia porque ha ocultado dinero a Hacienda y su manera de actuar, como la de nuestros representantes políticos, debe ser ejemplar. Lo contrario equivale a decir que si un diputado del Congreso lo ha hecho muy bien en su trabajo parlamentario, no pasa nada si al final se descubre que ha defraudado un poquito al fisco. No vaya a ser que a todos nos dé por hacer lo mismo. Lo más fácil sería remitirse a lo que decía el propio Juan Carlos I antes de su declive: "La justicia es igual para todos". Fin de la cita.