La coordinadora vecinal AIRENET, que engloba a varias asociaciones de los municipios de Badalona, Sant Adrià de Besós, Santa Coloma de Gramanet y Barcelona, se ha personado como acusación particular en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción 5 de Badalona por las presuntas emisiones contaminantes que habría emitido la planta incineradora TERSA, situada junto a la desembocadura del río Besós, muy cerca de la capital catalana.
El juez instructor recibió hace dos meses la denuncia de la Fiscalía de Barcelona contra la cúpula directiva de dicha incineradora. Se la acusa de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La denuncia apunta directamente a dos cargos directivos de la planta de incineración: el jefe de la empresa y el jefe de la explotación. El primero compagina, además, este cargo con el de concejal en el Ayuntamiento de Barcelona (titular, precisamente, del Área de Medio Ambiente). Se trata de Eloi Badía, encausado, además, en otros contenciosos judiciales por delitos relacionados con las irregularidades en la gestión energética.
La directiva, imputada
Según el contenido de las diligencias judiciales y de la propia denuncia de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso la redacción de laSexta, el Juzgado de Instrucción 5 de Badalona ha admitido a trámite en su integridad los argumentos incriminatorios del Ministerio Público. "Los reconocidos como máximos responsables de la gestión de la empresa TERSA habrían estado realizando y tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa medio ambiental y, por lo tanto, podrían estar suponiendo un grave riesgo para la salud de las personas que viven en el entorno más cercano a la incineradora, así como para el medio ambiente en general".
El juez fijará en breve una fecha para la toma de declaraciones de los imputados en la denuncia de la Fiscalía de Barcelona; denuncia a la que se van a adherir los vecinos de la zona y ONGs de defensa del medio ambiente.
Gases incandescentes
El problema recientemente detectado en la incineradora que dirige Badía es que no existe control alguno de las temperaturas (más de 850º grados) de los gases que expulsan las macro chimeneas de la planta de residuos. "Eso supone – según la denuncia presentada por el fiscal a partir de un exhaustivo informe del Seprona de la Guardia Civil – un gravísimo riesgo para quien inhale esas partículas tóxicas en suspensión". Según fuentes de la acusación, la idea inicial era aprovechar la energía resultante del proceso de combustión de los residuos urbanos en TERSA (proceso ahora en investigación) para abastecer de energía al proyecto (fallido) de una red eléctrica en Barcelona.
Investigación en marcha
Atendiendo a la petición del fiscal, el juez ha ordenado a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat que aporte los datos de las emisiones de TERSA desde el año 2017. Además, la Fiscalía ha pedido al Seprona de la Guardia Civil una nueva ampliación del atestado y al Instituto Nacional de Toxicología un análisis de la repercusión en la salud pública de dichas emisiones.
Se inicia, de este modo, una investigación que se prevé larga y pormenorizada, tanto así que la Fiscalía ha pedido al juez la "complejidad de la misma" porque se atisba que ésta no va a estar finalizada antes de los preceptivos seis meses que marca la Ley.
