En las últimas semanas hemos escuchado en muchos medios de comunicación cómo algunos países han combatido la expansión del coronavirus en sus territorios recurriendo a métodos expeditivos. Es el caso de China, con su reclusión total desde el primer día, o Corea del Sur, que prefirió a realizar millones de test a toda la población y mantenerla localizada para controlar los potenciales focos de infección.

Paralelamente a ese control de la población en confinamientos masivos, las autoridades recurrieron a tecnologías de big data e inteligencia artificial que alimentaban algunas apps que todos los ciudadanos llevaban instaladas en sus dispositivos. Con ellas, simplemente señalaron qué casos eran positivo y en base a los datos de localización de cada dispositivo, se trazó todo un plan de alertas para avisar a los demás ciudadanos en caso de que, sin saberlo, hubieran estado en contacto con alguna persona infectada. Eso les posibilitaba solicitarles que se encerraran en casa, en una cuarentena obligatoria que los quitaba de la circulación, lo que automáticamente eliminaba el peligro de contagio de los demás.

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Precisamente, España es uno de los últimos países que parece que va a recurrir a estas técnicas, solicitando información a las operadoras sobre flujos de movimiento de sus clientes. En un principio, de forma absolutamente anónima y para realizar estudios con los que afinar en un futuro posibles planes de contingencia pero, como suele ocurrir en estas ocasiones, hay quien pide que las mismas técnicas de China o Corea del Sur se apliquen aquí cuanto antes. ¿Estaríamos dispuestos a ser identificados, localizados y seguidos por el Estado renunciando a nuestro derecho a la intimidad?

¿Renunciar a derechos y libertades individuales?

En Italia ya se han producido casos en los que algunos operadores y empresas que tienen aplicaciones que acceden al historial de contenidos y ubicaciones, se están utilizando para recopilar datos sobre dónde se encuentran los ciudadanos y si están respetando la cuarentena. Es el caso de LogoGrab, que analiza vídeos y fotografías para señalar el lugar exacto donde fueron tomadas, así como la fecha y la hora. En total, más de 552.000 personas fueron lo que se llama perfiladas, dando como resultado que más del 40% no se encontraban en la dirección que supuestamente era su hogar. ¿Es ilegal? Bueno, lo expertos no se ponen de acuerdo porque en el caso de esa app, todos los usuarios que la instalaron dieron su consentimiento para que sus datos fueran recabados por la compañía.

También EE.UU. se dispone a utilizar esa información gracias a cláusulas que tiene en su legislación y que, en caso de emergencias graves que afecten a la famosa "seguridad nacional", podrían pasar a manos de las autoridades, con el objeto de trazar dónde se encuentran los principales focos y hacer seguimiento de la personas infectadas, para apartarlas y someterlas a cuarentenas obligatorias, así como emitir alertas a todos los que pudieran haber entrado en contacto con ellas.

Con todo lo anterior sobre la mesa y si esa información personal que llevamos en nuestro smartphone se convirtiera en esencial, haciendo mucho más efectiva la lucha contra el Covid-19, ¿aceptaríamos compartirla? De momento y mientras las autoridades intentan poner coto a la expansión del virus, cualquier medida de estas características será bienvenida. ¿O no?