Facturas de infarto llenan el buzón de los inmigrantes en nuestro país. Más de 800.000 personas extranjeras no tienen derecho a la tarjeta sanitaria española desde septiembre del 2012, cuando entró en vigor una ley con cuatro excepciones: es obligatoria la atención a las embarazadas, los partos y cuidados posparto, los servicios de pediatría y urgencias.
Pero noticias con este problema de vulneraciones en su derecho de salud llenan la prensa: un hospital de Madrid cobró 390 euoros a un inmigrante por atenderle en urgencias. Médicos del mundo es una de las asociaciones que asesora a los inmigrantes para evitar el pago de esas facturas. "Vienen demandando una ayuda porque les ha llegado una factura. Cuando llegua esa factura, nosotros lo que hacemos es ayudarles a redactar una carta de respuesta a esa factura para que no se haga efectiva, en la mayor parte de las veces esas facturas se anulan" dice un mienbra de Médicos del Mundo.
Sanidad asegura que es difícil saber que la persona que acude al médico es inmigrante regular o una persona con recursos. Aunque las organizaciones que les defienden creen que aunque no se sepa a quién se está cobrando, enviar una factura asusta en muchos casos a los pacientes. "Por miedo a tener represalias están pagando facturas que no tendrían porqué pagar y otras veces no vuelven a acudir a urgencias por miedo a que les vuelvan a facturas, cuando tienen todo el derecho de que les asistan en urgencias" explica un mienbro de Médicos del Mundo.
El Gobierno del partido popular sacó esta ley para evitar el llamado 'turismo sanitario' y con el objetivo de recaudar 500 millones de euros. Un año y medio después no hay datos oficiales del dinero ingresado. Desde que en 2012 se eliminara la sanidad gratuita a los llamados sin papeles, muchos jueces han obligado al Estado ha devolver a los inmigrantes el dinero que habían pagado por facturas que no tenían porque haber pagado.
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