"Creo que poder contar con una obra de calatrava en Castellón era importante", declara Alberto Fabra, presidente de la Generalitat Valenciana. Precisamente, de esto podría haberse aprovechado el arquitecto para inflar de sobremanera las cifras del contrato.
Fabra, que por entonces era el alcalde de Castellón cuando se firmó ese acuerdo, está convencido de que demostrarán la legalidad del Centro de Convenciones.
Según el presidente, los técnicos dieron los informes necesarios para llegar a un acuerdo con el arquitecto. "Por parte de los técnicos estaban los informes pertinentes para poder firmar ese acuerdo", explica.
Sin embargo, el proyecto de macrocentro ideado por Santiago Calatrava se quedó en un solar abandonado y una maqueta por la que la Generalitat de Francisco Camps pagó casi 3 millones de euros. La construcción de este centro se descartó por cuestiones económicas.
Ahora, un juzgado de Castellón ha imputado al arquitecto. Quiere saber si éste modificó de manera unilateral el acuerdo alcanzado con el gobierno valenciano. Un acuerdo por el que Calatrava había presionado a la Generalitat para cobrar por anticipado los honorario.
"La Generalitat aportará la documentación y todo aquello que el juez considere oportuno", ha señalado Alberto Fabra.
Dos directivos de la sociedad pública 'Proyectos Temáticos de la Comunitat' ya advirtieron al Gobierno de Francisco Camps en 2008 de que Calatrava estaba incumpliendo el contrato, inflando las cifras marcadas inicialmente.
Así, al menos, se reflejaba en un intercambio de cartas realizado entre ambos y que ahora se hallan en posesión del juez.
"Presentó la maqueta y expuso públicamente un proyecto grandioso que excedía todos los números citados anteriormente en cualquier declaración de intenciones o en cualquier listado de necesidades", escribió Javier de Diego, director técnico de SPTCV, a su director general Eusebio Monzó.
Tras descubrirse estos mensajes, los dos técnicos han sido relevados de sus cargos y el arquitecto cobró todo lo que le exigió al Consell.
La denuncia ya la realizó Esquerra Unida, fuerza política que ahora ha presentado la documentación necesaria para personarse en esta causa. "Queremos saber quién destinó los 2,7 millones de euros que se le pagó a Calatrava. Quién dio el visto bueno para darle un dinero exagerado por unos proyectos que no se han hecho realidad", Victor Tormo, diputado EU Corts Valencianes.
El próximo 2 de septiembre Santiago Calatrava volverá a comparecer ante un juez para explicar este polémico proyecto del arquitecto insignia de la Generalitat Valenciana.