La negativa del president de la Generalitat, Quim Torra, de retirar los lazos amarillos y esteladas de los edificios públicos ha llegado hoy al Parlament. En la sesión de control al Govern, la oposición le ha recriminado que haya desoído el requerimiento de la Junta Electoral Central que le ha instado hasta en dos ocasiones para que retire los símbolos independentistas. Hoy aún sigue colgando la pancarta por los "presos políticos" en el Palau de la Generalitat.

Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos, le ha preguntado: "¿Qué parte de 'retire la propaganda separatista' no ha entendido? No se esconda detrás de los consellers y conselleres, no se esconda detrás del procesista mayor del reino, que es el Síndic de Greuges", le ha reprochado la jefa de la oposición. Torra ha encargado un informe al Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, para que se pronuncie sobre si debe reconsiderar o no su postura. Hoy hemos conocido que el president y el Síndic se reunieron la pasada semana en la Generalitat y que hablaron de este asunto.

Torra ha señalado que si Ciudadanos considera que "estos lazos amarillos y estas esteladas son símbolos políticos", de hecho "están aceptando que tenemos presos políticos". Para rebatir la acusación de Arrimadas, ha recalcado: "No me escondo de nada, he tomado las decisiones que creo que tenía que tomar", ha dicho Torra, que ha subrayado: "Yo no prohibiré nunca nada. Estoy a favor de más libertad de expresión y de más democracia". En cambio, ha hecho hincapié en sus críticas a la JEC, donde hay "dos jueces del Tribunal Supremo que están juzgando" a los líderes independentistas procesados por el 1-O y que "están permitiendo que en ese juicio esté como acusación popular Vox, que es el partido con el que Cs pactó en Andalucía".

Arrimadas ha terminado su intervención rompiendo un papel con imágenes de lazos amarillos: "Basta ya de propaganda separatista en los edificios públicos", ha afirmado. "Echaremos de menos su sonrisa y sus cartelitos. Me sabe mal que la jefa de la oposición, que se supone que debería liderar el cambio en el Govern, se vaya a Madrid", ha ironizado Torra en la réplica.

Torra ha denunciado también que el Estado es "autoritario" y no salvaguarda, a su juicio, la libertad de expresión ni de protesta, y que aplica de esta manera una democracia "de imposición y no de adhesión". "Estamos ante una democracia de imposición y no de adhesión que haga participar a ciudadanos y salvaguarde los derechos de libertad expresión y de protesta; este es el Estado autoritario ante el que nos enfrentamos", ha afirmado.

Desde el Gobierno, el ministro Ábalos ha señalado que ahora lo importante es que se ejecuten los fallos judiciales "y se ejecuten con normalidad". Dice no estar sorprendido con la actitud de Torra: "no es la primera vez". También la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha remitido a la JEC que es, insiste, quien debe pronunciarse. Está previsto que la Junta Electoral Central se reúna de nuevo mañana.

En el PP, su líder, Pablo Casado, ha dicho que si él fuera el presidente del Gobierno, "iría a un Consejo de Ministros e iniciaría el procedimiento del 155". "Lo que no se puede hacer es que haya kale borroka, que ridiculicen a nuestros hijos en el colegio, que nos revienten la sede (...) y Sánchez diga que no pasa nada, que son declaraciones desafortunadas, porque necesita sus votos", ha afirmado Pablo Casado.

El nuevo plazo de la Junta Electoral venció este martes sin que Torra accediese a retirar la simbología alusiva a los políticos presos, de manera que en la fachada del Palau de la Generalitat sigue colgando la pancarta con el lema 'Libertad presos políticos y exiliados' junto a un lazo amarillo. El president de la Generalitat podría incurrir en responsabilidades penales y ser inhabilitado. Algo que, según la consellera de Cultura, a Torra no le importaría.

Torra ha enviado un nuevo escrito a la JEC, en el que insiste en la "imposibilidad de llevar a puro y debido efecto el requerimiento mencionado", alegando que la tipología de gestión de los diferentes centros de la Generalitat "es muy variada", ya que pueden estar en manos de empresas públicas o cedidos a privadas, fundaciones, consorcios o entidades sociales.

Pocas horas después, la JEC reaccionó al escrito de Torra y rechazó concederle más tiempo para retirar los lazos amarillos. Según fuentes del Gobierno central, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad quitar los símbolos de los inmuebles de la Generalitat, misión de la que se tendrían que encargar los Mossos d'Esquadra.